El Gobierno impulsa obras por $85 mil millones y licita concesiones para 1.800 km de rutas nacionales

Tras un resultado electoral favorable y un acercamiento a provincias no gobernadas por peronistas, el Gobierno de Javier Milei corrigió el presupuesto para autorizar la contratación de 10 obras públicas por más de $85 mil millones distribuidas en tres años. A la par, lanzó una licitación para la concesión de 1.800 kilómetros de rutas y autopistas nacionales.

Según un estudio de Chequeado para la Red Federal de Periodismo e Innovación publicado en junio de 2025, de las más de 6.700 obras iniciadas durante la administración de Alberto Fernández, 2.692 quedaron inconclusas, y el 54% de estas no avanzaron bajo la actual gestión.

Este cambio representa un nuevo paradigma en la política vial argentina, donde el Estado pasa de ser un operador deficitario a un regulador y garante de competencia, buscando "transparencia, eficiencia y estándares de calidad", según manifestó el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

La licitación pública nacional e internacional incluye dos tramos estratégicos: el Sur – Atlántico – Acceso Sur, con 1.325 kilómetros que abarcan las rutas nacionales 3, 205 y 206, además de las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas; y el Tramo Pampa que cubre 547 kilómetros de la Ruta Nacional 5, entre Luján y Santa Rosa.

A mayo de 2025, el Gobierno había finalizado 330 obras públicas nacionales. Sin embargo, solo 78 proyectos avanzaban conforme a plan, mientras que más de 1.400 permanecieron estancados. La mayor concentración de obras sin concluir se encuentra en la provincia de Buenos Aires (841), seguida por Córdoba (203), Santa Fe (153) y Entre Ríos (150), con menos proyectos en San Luis, Tierra del Fuego y Formosa.

Las 10 obras retomadas están distribuidas en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Rosario, Las Rosas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre ellas destacan:

- El galpón de apoyo a emergencias forestales en Tierra del Fuego, con una inversión total de $1.400 millones, distribuida entre 2024 y 2025.

- La subcentral de incendios en El Chaltén, en el Parque Nacional Los Glaciares, que demandará cerca de $2.241 millones en los próximos dos años.

- Construcción de un muelle cabecera norte en el Parque Nacional Lago Puelo, Chubut, por $4.716 millones.

- Seccionales en parques nacionales de Santiago del Estero y Córdoba, con inversiones de $1.876 millones y $1.485 millones, respectivamente, distribuidas en 2024 y 2025.

- Un ambicioso proyecto de provisión de agua potable para la comuna de Tapia y localidades de Tucumán, con un costo superior a $25.900 millones en varios años.

- Obras de conservación y mejoramiento en tramos de las rutas nacionales 11, 33 y 178 en Santa Fe, con inversiones que superan los $45 mil millones entre 2024 y 2026.

- La remodelación y reubicación en Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto de casi $1.640 millones.

La Red Federal de Concesiones, que implica una de las reformas estructurales más relevantes del gobierno, busca liberar al Estado de tareas improductivas y atraer inversión privada genuina para la infraestructura vial. Esta nueva etapa complementa la fase inicial presentada en enero, que ya había incorporado cientos de kilómetros a gestión privada, incluyendo rutas nacionales, puentes y pasos fronterizos.

La administración de estas concesiones estará a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, encargada de supervisar los contratos y garantizar estándares de servicio altos. El modelo apunta a otorgar mantenimiento, seguridad y servicios a operadores privados seleccionados mediante licitación, siguiendo pautas internacionales.

La paralización previa de obras afectó la calidad de vida: carencia de hospitales materno-infantiles en La Matanza, problemas con agua potable en Santa Fe, cloacas sin tratar en Corrientes, tramos intransitables en la Ruta 40 de Chubut y la interrupción del turismo social en Córdoba. Las provincias apuran acuerdos con la Nación para retomar las obras que consideran urgentes.

Esta reactivación apunta a revertir daños en la seguridad vial, la economía regional y la integración nacional.