Los detalles clave del nuevo proyecto que está promoviendo el Gobierno para reformar la ley laboral

Con el respaldo obtenido en las últimas elecciones, el Gobierno ha reactivado el debate sobre la reforma laboral, que se había discutido previamente en el Consejo de Mayo. Esta iniciativa, liderada por la diputada nacional Romina Diez, se presenta bajo el nombre de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y cuenta con el apoyo de legisladores de diversos bloques políticos.

El proyecto propone cambios significativos, tales como la ampliación de la jornada laboral, la flexibilización de convenios y la posibilidad de establecer indemnizaciones en cuotas. El oficialismo busca retomar esta propuesta, que fue presentada originalmente a fines de 2024, como base para actualizar la legislación laboral en el país.

Entre los principales objetivos de la reforma se encuentra la modernización del marco laboral. La propuesta incluye modificaciones en artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo, como la redefinición del principio de irrenunciabilidad y la ampliación de las facultades del empleador para ajustar modalidades laborales. También se prevé la actualización de los beneficios sociales no remunerativos.

Respecto a la movilidad laboral, se establece que el empleador podrá realizar ajustes en la prestación laboral siempre que no sean irrazonables, manteniendo el derecho del trabajador a considerarse despedido sin causa si se vulneran estos límites. Asimismo, se definen plazos y procedimientos para impugnar sanciones disciplinarias, permitiendo al trabajador cuestionar la medida en un plazo de 30 días tras su notificación.

El proyecto introduce cambios en relación con las horas extras, las licencias por enfermedad y las indemnizaciones. Se redefine el concepto de beneficios sociales, incluyendo prestaciones como la provisión de almuerzos y útiles escolares, así como el pago por servicios de telefonía móvil y acceso a internet, que no se considerarán parte de la remuneración, salvo excepciones específicas.

En el ámbito de las remuneraciones, se autoriza el pago en efectivo, cheque o mediante acreditación bancaria, y se permite la emisión electrónica de recibos de sueldo, los cuales deberán incluir información detallada sobre el empleador y el trabajador, así como los conceptos liquidados y las deducciones aplicadas.

En cuanto a las vacaciones, se propone flexibilizar su otorgamiento y permitir su fragmentación en períodos no menores a una semana. Además, se establece que los trabajadores en matrimonio o unión familiar que laboren para el mismo empleador podrán solicitar el disfrute conjunto de las vacaciones.

El texto también contempla que las convenciones colectivas de trabajo puedan establecer regímenes adaptados a las nuevas modalidades de producción, incluyendo la gestión de horas extras y francos compensatorios, respetando un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas.

Sobre licencias por enfermedad o accidente, se mantienen plazos de hasta seis meses de remuneración según la antigüedad del trabajador. Aquellos con carga de familia podrán percibir remuneración durante seis o doce meses, dependiendo de su antigüedad. Además, se introduce un procedimiento para verificar certificados médicos que podrá ser gestionado por la Secretaría de Trabajo.

El proyecto también establece que, tras el vencimiento de los plazos de interrupción por enfermedad, el empleador deberá mantener el puesto durante un año adicional. Si el trabajador no se reincorpora, cualquiera de las partes podrá extinguir la relación laboral sin responsabilidad indemnizatoria.

En materia de créditos laborales, se modifica el régimen de intereses, limitando el total a calcular en función del capital histórico ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés puro del 3% anual. Se limita el pacto de cuota litis en juicios laborales al 20% y se permite a las micro, pequeñas y medianas empresas abonar sentencias en hasta doce cuotas mensuales.

El borrador busca redefinir el régimen legal en el trabajo agrario, excluyendo a trabajadores de actividades industriales y comerciales. Se mantiene la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria respecto a los trabajadores proporcionados, excluyendo a propietarios de tierras no productivas.

Un aspecto destacado del proyecto son los incentivos al empleo, que incluyen un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que inicien nuevas relaciones laborales durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley, con porcentajes que varían según el tamaño de la empresa, desde el 100% para microempresas hasta el 25% para otras.