Sentencia firme contra una organización delictiva en Rosario

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°3 de Rosario ha dictado condenas que oscilan entre 5 y 19 años y medio de prisión para seis integrantes de una organización criminal. Esta agrupación llevó a cabo secuestros extorsivos entre 2021 y 2023, teniendo como víctimas a familiares de empresarios en Rosario y Villa Ramallo.

La sentencia, que se fundamenta en una resolución de casi 300 páginas, fue emitida tras un minucioso análisis de intervenciones telefónicas, geolocalización de dispositivos móviles, peritajes de voz y la identificación de un modus operandi consistente en todos los casos investigados, según lo informado por el portal fiscales.gov.ar.

El tribunal, conformado por los jueces Eugenio Martínez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, hizo público el veredicto el 3 de octubre. La pena más alta fue impuesta a Claudio Daniel Coto (63 años), quien fue condenado a 19 años y 6 meses de prisión como jefe ideológico de la asociación ilícita.

Por su parte, el mecánico Néstor Adrián Santabaya (61 años) recibió una condena de 17 años y 6 meses como jefe operativo. Ambos fueron considerados coautores de secuestro extorsivo agravado, en concurso ideal con robo agravado, así como amenazas y extorsión en grado de tentativa. Coto también fue hallado culpable de tenencia ilegítima de un Documento Nacional de Identidad ajeno.

Asimismo, Emiliano Mario Andrés Acuña (38 años) y el cerrajero Sebastián Ezequiel Pugliese (47 años), este último declarado reincidente, fueron condenados a 14 años de prisión por los mismos delitos. El remisero Nicolás Adrián Santabaya (32 años), hijo del mecánico, recibió 5 años de prisión como coautor de asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de guerra, mientras que Sylvia Beatriz López (44 años), pareja de Pugliese, fue condenada a la misma pena como coautora de asociación ilícita y partícipe secundaria de secuestro extorsivo agravado.

El primer hecho de secuestro ocurrió el 24 de enero de 2023 en Villa Ramallo, donde A.D. fue interceptado por falsos policías federales. Los captores exigieron un rescate de un millón de dólares, aunque finalmente se acordó un pago de 580.000 dólares en Wilde, donde la víctima fue liberada horas después.

En otro intento, el 5 de octubre de 2023, la organización trató de capturar a F.B., una mujer de Rosario, en el garaje de su edificio, pero el operativo fracasó. Sin embargo, cinco días después, ella y su hijo de 13 años fueron secuestrados por tres hombres encapuchados y permanecieron cautivos hasta su liberación esa misma noche, sin pago de rescate.

El tribunal enfatizó que la organización operaba con un esquema planificado, realizando tareas de inteligencia para seleccionar víctimas de alto perfil económico. Los captores utilizaban algodones en los ojos y precintos plásticos para inmovilizar a sus víctimas, liberándolas en zonas rurales.

Durante el juicio, la Unidad Fiscal Rosario demostró que entre julio de 2021 y diciembre de 2023, la banda ejecutó múltiples secuestros, amenazas y extorsiones, utilizando una estructura logística similar a la de una fuerza de seguridad paralela. La prueba tecnológica fue crucial, con más de 2,5 millones de registros telefónicos analizados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

El fiscal general Federico Reynares Solari explicó que los acusados utilizaban tres tipos de teléfonos: extorsivos, operativos y personales. Un detalle determinante fue el "celular acompañante" de Coto, que permitió su rastreo. Además, se constató que los lugares de cautiverio eran alquilados bajo identidades falsas.

A partir de peritajes de voz, se estableció una coincidencia con el individuo que realizaba las llamadas extorsivas. Asimismo, los reportes de geolocalización del teléfono de Santabaya revelaron movimientos coincidentes con las capturas y liberaciones.

La investigación fue coordinada por los fiscales Javier Arzubi Calvo y Matías Di Lello, en colaboración con la UFECO. Las condenas se alinearon con las penas solicitadas por el fiscal general, quien encabezó el juicio junto a su equipo de fiscales.