Se restablecen las pensiones por invalidez en todo el país
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha restablecido las pensiones no contributivas por invalidez laboral tras una medida cautelar de la Justicia. Esta decisión busca normalizar la situación de los beneficiarios afectados por la suspensión masiva de estas prestaciones.
El Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca ha extendido a nivel nacional la medida cautelar dictada en septiembre de 2025, relacionada con el amparo colectivo contra la suspensión de pensiones por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El pasado miércoles, la ANDIS hizo oficial el restablecimiento de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, formalizado mediante la Resolución 12621/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches.
El fallo, emitido el 17 de octubre, ordenó a la ANDIS restablecer, en un plazo de 24 horas, todas las pensiones suspendidas, así como pagar los haberes retenidos y suspender auditorías adicionales mientras no se cuente con una sentencia definitiva.
La Resolución 12621/2025 establece en su Artículo 1° la anulación de las suspensiones y la reanudación de los pagos correspondientes, en cumplimiento de lo dictado por la Justicia. Asimismo, el Artículo 3° instruye a la Dirección de Asignación de Apoyos Económicos a no iniciar auditorías mientras esté vigente la medida judicial.
Además, se encomienda la notificación a los beneficiarios, se estipula que los gastos se cubrirán con las partidas presupuestarias disponibles y se ordena comunicar esta decisión a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para la reactivación de los pagos de prestaciones.
Esta resolución se emite en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 698/2017, que creó la ANDIS, y el Decreto 601/2025, que designó a Vilches como interventor por un periodo de 180 días.
Las causas presentadas en el juzgado de Catamarca fueron impulsadas por diversas organizaciones, incluidas la Asociación Azul, ACIJ, CELS y personas afectadas, con el apoyo de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
