Naturgy, en el centro de la controversia: el EPRE responde y anuncia revisión en audiencia pública
Mientras el gremio Luz y Fuerza denuncia precarización, accidentes laborales y abandono de la infraestructura, el organismo regulador evita pronunciarse antes del debate oficial, pero anticipa que analizará los costos laborales y de operación de la distribuidora eléctrica.
Las denuncias formuladas por lasecretaria general del sindicato Luz y Fuerza, Lilia Martín, sobre la situación laboral de trabajadores del sector eléctrico y el funcionamiento de Naturgy, empresa concesionaria de la distribución eléctrica en San Juan, abrieron una fuerte polémica en la provincia. Desde condiciones precarias de trabajo hasta el uso de personal sin capacitación adecuada y encuadrado en convenios ajenos a la actividad, las afirmaciones de la gremialista generaron preocupación pública.
Frente a esto, el vicepresidente del EPRE, Roberto Ferrero, ofreció una extensa entrevista a Zonda Diario en la que explicó cuál es el rol del organismo ante estas situaciones, y qué acciones están previstas de cara a la audiencia pública del próximo 11 de noviembre, donde se debatirá el esquema tarifario y los costos laborales del servicio.
Contratistas, despidos y vacíos laborales: el caso Grupo Conectar
Uno de los puntos más sensibles abordados fue la situación de Grupo Conectar, una de las contratistas de Naturgy. Según trascendidos recogidos por Zonda Diario, la empresa habría dejado cesantes a unos 40 trabajadores, sin pagar indemnizaciones ni dar explicaciones formales. Al respecto, Ferrero fue categórico:
"No tenemos denuncias de ese tipo en el EPRE. De cualquier manera, se trata de un vínculo laboral entre la contratista y Naturgy. Es una cuestión que debe resolverse entre las partes involucradas", sostuvo.
El funcionario aclaró que el EPRE no tiene competencia directa sobre las relaciones laborales de las empresas tercerizadas, aunque sí sobre los costos operativos que forman parte de la tarifa eléctrica. Es en ese marco que estos temas podrán ser tratados en la audiencia próxima.
Las denuncias de Luz y Fuerza y el debate por los convenios laborales
Días atrás, la dirigente sindical Lilia Martín denunció públicamente que Naturgy estaría permitiendo que sus contratistas empleen personal encuadrado bajo convenios de otros sectores, como la UOCRA, con menor cobertura y formación, generando riesgos para los trabajadores y usuarios.
Ferrero respondió:
"Esas cuestiones serán discutidas específicamente en la audiencia pública del 11 de noviembre. El sindicato podrá presentar pruebas, y la empresa hará los descargos correspondientes. A partir de esa instancia, el EPRE tomará una resolución que entrará en vigencia en enero".
¿Qué se va a discutir en la audiencia?
Según detalló Ferrero, la audiencia pública del 11 de noviembre servirá para analizar todos los costos que integran la tarifa eléctrica, incluyendo los relacionados con:
-La estructura laboral del servicio.
-El tipo de tareas que realizan los operarios.
-La cantidad de personal requerido.
-Los convenios colectivos aplicables.
-La seguridad y formación profesional del personal técnico.
"Se va a definir cuál es la estructura de costos razonable para que la empresa pueda operar. Dentro de eso se analizará qué personal necesita, bajo qué condiciones, y con qué capacitación", puntualizó Ferrero.
La audiencia será pública y abierta a todas las partes con interés legítimo. Luz y Fuerza ya participó en la audiencia anterior, del 14 de octubre, y ha confirmado su presencia en la próxima.
Cortes de luz y sanciones: ¿hay multas en curso?
Otro tema abordado en la entrevista fue el recurrente corte de suministro eléctrico en distintos puntos de la provincia. Ferrero explicó que el sistema de sanciones a Naturgy está activo, pero se aplica de forma semestral, tras un análisis técnico que evalúa los índices de calidad del servicio.
"La distribuidora tiene una obligación contractual de cumplir con ciertos márgenes de calidad. Si los incumple, se le aplica una sanción que luego se traduce en bonificaciones en las facturas de los usuarios afectados", explicó.
¿Cómo se mide esto? El contrato establece límites como:
-Máximo 6 interrupciones por semestre para un usuario residencial.
-O 6 horas acumuladas sin servicio en el mismo período.
Si alguno de estos límites es superado, la empresa recibe una multa, que se devuelve en forma de descuento en la factura de cada usuario afectado.
"No es una medida discrecional. Es automática. Se revisa suministro por suministro. Si tuvo más cortes o más horas sin servicio que las permitidas, se bonifica. Eso se calcula en enero o febrero, al cierre del semestre", detalló Ferrero.