Demandan a tres responsables por amenazas de bomba, una de ellas vinculada al show de Lali

El Fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó que el organismo presentó tres demandas civiles  por daños y perjuicios contra personas identificadas como responsables de recientes amenazas de bomba registradas en la provincia. Los reclamos económicos alcanzan montos de entre 18 y 20 millones de pesos cada uno y ya fueron ingresados a la Mesa General de Entradas de los juzgados civiles, donde se sortearán para determinar su tramitación.

En diálogo con La Mil 20, Dávila explicó que, una vez sorteados los juzgados, los casos pasarán por la instancia de mediación previa obligatoria en el Centro Judicial de Mediación. Allí se buscará un acuerdo entre las partes, aunque el proceso podría continuar en caso de no alcanzarse una conciliación.

"Acabamos de presentar tres demandas reclamando daños y perjuicios por el tema de las amenazas de bomba. Ahora el proceso sigue su curso habitual: sorteo de juzgados, mediación obligatoria y, si no hay acuerdo, la instancia judicial correspondiente", detalló el fiscal.

Montos y casos

El funcionario precisó que las demandas son por sumas de 18, 19 y 20 millones de pesos, respectivamente. Uno de los casos corresponde a la amenaza realizada durante el show de la cantante Lali Espósito en el estadio Dr. Aldo Cantoni, por la cual está imputado un hombre identificado como Juan Carlos Salem.

Respecto a las otras dos amenazas, Dávila indicó que no puede brindar información sobre los acusados debido a que hay menores de edad involucrados, en cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de identidad.

"En el caso del recital de Lali Espósito podemos dar detalles, pero los otros dos episodios involucran a menores, por lo que no podemos revelar sus nombres ni datos que permitan su identificación", explicó.

Preocupación por la reiteración de amenazas

El fiscal manifestó su preocupación por la continuidad de estas acciones delictivas, que comenzaron a detectarse en enero de este año y, pese a las medidas implementadas, no han cesado.

"Lamentamos profundamente que estas situaciones se sigan repitiendo. Desde el Estado hemos actuado con firmeza, aplicando sanciones penales y ahora también civiles, pero la conducta persiste. La mayoría de los responsables han sido detectados y enfrentarán tanto un proceso penal como uno civil", afirmó Dávila.

Según datos preliminares, la cantidad de mayores de edad implicados es ligeramente superior a la de menores, aunque los números se mantienen parejos.

El fiscal insistió en que estas conductas representan un grave problema legal y social:

"Es absurdo ganarse problemas de esta magnitud. Estos actos generan una enorme movilización de recursos, generan miedo en la sociedad y, además, implican consecuencias penales y civiles muy serias", subrayó.

Efecto contagio y difusión pública

Consultado sobre la difusión mediática de cada amenaza, Dávila sugirió que podría existir un efecto contagio cada vez que los hechos son ampliamente difundidos.

"No puedo asegurarlo, pero parece que cada vez que se hace pública una amenaza, esto incentiva a que se repitan. Quizás haya que probar con una estrategia diferente, reduciendo la exposición mediática para ver si así se logra disminuir la incidencia de estos episodios", planteó.

El fiscal explicó que desde enero de este año la Fiscalía viene trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Educación y otras áreas de Gobierno para prevenir, detectar y sancionar estas conductas. Sin embargo, reconoció que, pese a los esfuerzos, la problemática sigue presente.

"Venimos aplicando medidas cada vez más fuertes, tanto penales como civiles, pero evidentemente no ha sido suficiente. Tenemos que evaluar nuevas estrategias porque la seguridad de la comunidad y la tranquilidad de la población están en juego", concluyó.

Antecedentes recientes

En los últimos meses se registraron varias amenazas de bomba en escuelas, instituciones públicas y eventos masivos, que obligaron a evacuaciones preventivas y a la intervención de personal policial y de bomberos.

Estos operativos generan costos elevados para el Estado, además de la alteración de la vida cotidiana y la preocupación de la sociedad. Con estas demandas, la Fiscalía busca sentar un precedente y desalentar la repetición de estas conductas, que no solo son delitos penales, sino que también generan responsabilidad económica para los autores y sus familias.