Jorge Toro señala que "la sanción clásica no resuelve el problema de los menores que cometen amenazas o hechos violentos"

El juez penal juvenil de San Juan, Jorge Toro, se refirió a la problemática de los adolescentes que cometen amenazas, como los casos recientes de falsas bombas en la provincia.

El magistrado aclaró que ya no existe la figura del "juez de menores" con facultades amplias, sino que su función se limita a aplicar sanciones a quienes son penalmente responsables.

"Hoy la responsabilidad penal comienza a los 16 años para delitos de cierta gravedad. Antes de esa edad, no hay posibilidad de imponer penas porque el Código Penal no lo habilita", señaló Toro en diálogo con Radio Sarmiento.

El magistrado sostuvo que el desafío está en generar mecanismos de responsabilización alternativos, como la justicia restaurativa, que permite que los jóvenes comprendan el daño generado.

"No se trata de encerrar ni de sancionar con una pena, porque eso no resuelve el conflicto. La clave es trabajar en el ámbito escolar y comunitario para que los adolescentes tomen conciencia", explicó el juez.

Toro también remarcó que la Convención sobre los Derechos del Niño y documentos internacionales como la Observación General 24 establecen que los menores de 16 años no deben responder penalmente, ya que su desarrollo cerebral y control de impulsos no son equivalentes a los de un adulto.

En cuanto a la responsabilidad por los daños, el juez fue categórico: "La mayoría de esos chicos tiene familias que ejercen sus cuidados personales, y son los padres quienes deben responder civilmente por las consecuencias de los actos de sus hijos".

El magistrado reconoció que en San Juan existen numerosos casos de violencia escolar entre adolescentes, situaciones que tampoco encuadran en sanciones penales, pero que requieren una intervención activa del Estado. "La pena no resuelve; la educación, los talleres y el trabajo en las escuelas sí pueden hacerlo", afirmó.

Finalmente, Toro coincidió en que hechos como las amenazas de bomba generan terror social, gastos al Estado y riesgo para la comunidad, pero insistió en que el camino no es el encierro ni las medidas punitivas tradicionales.

"Nadie discute la gravedad de estos hechos, pero la solución no pasa por los institutos, sino por un abordaje preventivo, educativo y familiar", concluyó.