Familias de Calingasta reclaman la puesta en vigencia de la ordenanza para chicos con TEA

Calingasta vive días de expectativa y preocupación. Un grupo de papás y mamás de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) aguarda que el intendente Sebastián Carbajal ponga en vigencia la ordenanza 1665, aprobada el pasado 21 de agosto por el Concejo Deliberante. La norma crea el Programa Municipal de Diagnóstico y Acceso a Terapias para personas con TEA, un recurso que las familias consideran indispensable para garantizar la atención temprana y sostenida de sus hijos.

El plazo que tiene el intendente para vetar la ordenanza vence el 2 de septiembre. Si no hay objeciones, a partir de esa fecha el municipio podrá implementar un sistema local de acompañamiento y tratamiento para niños, niñas y adolescentes que requieren diagnósticos precisos y terapias permanentes.

Una espera marcada por la incertidumbre
Actualmente, los padres deben enfrentar una realidad compleja: en Calingasta no existen profesionales especializados ni espacios de atención permanentes. Esto obliga a las familias a trasladarse de manera periódica a la ciudad de San Juan o, incluso, fuera de la provincia para acceder a un diagnóstico y a las terapias necesarias.
Lucía Poblete, mamá de un niño de 7 años con TEA, relató las dificultades cotidianas:

"Siempre para dar con el diagnóstico hay que salir de la localidad. A veces incluso hay que salir de la provincia en busca de un equipo capacitado. Y una vez que se obtiene, comienza otro desafío: acceder a las terapias. En Calingasta tuvimos un nodo de neurodesarrollo en el hospital Aldo Cantoni, pero se desarmó hace dos años y nunca se volvió a restablecer".

La falta de profesionales dejó a muchas familias sin alternativas en el departamento. Desde entonces, el camino ha sido cuesta arriba: traslados constantes, costos elevados y la incertidumbre de no saber si habrá continuidad en las terapias.

Costos económicos y emocionales
El municipio implementó una medida provisoria: financiar viajes cada 15 días a la capital para algunas familias sin obra social. Sin embargo, solo cinco familias acceden a esta ayuda, mientras que el resto debe costear por su cuenta los traslados semanales.
"Aunque la obra social después reembolse, uno tiene que tener el dinero en el bolsillo para pagar pasajes y terapias. Y eso no es lo único: el desgaste físico y psicológico es enorme. Nuestros hijos tienen rutinas muy marcadas, y romperlas por viajes largos en colectivo o por pasar horas fuera de casa les genera crisis. No es solo un gasto económico, es un impacto directo en su salud", explicó Poblete.

Un reclamo con rostro de infancia
Los papás insisten en que el tiempo es un factor determinante. Cuanto más temprano se realicen los diagnósticos y se inicien las terapias, mejores serán los resultados en el desarrollo de los niños.
"La edad ideal para comenzar con terapias es antes de los 3 años. Pero acá hay niños que pasan años sin atención. Mi hijo ya tiene 7 y hace dos que no recibe terapias en el departamento. ¿Cuánto más tendremos que esperar?", señaló la mamá.

Las faltas de datos oficiales sobre cuántos niños con TEA viven en Calingasta refleja otra parte del problema: sin diagnósticos no hay registros y, por lo tanto, no se dimensiona la magnitud de la necesidad.

Un pedido al intendente
La ordenanza fue impulsada por el concejal Heber Tapia, a quien los papás reconocen como el único funcionario que los escuchó y acompañó el reclamo. Ahora, el futuro del programa depende de la decisión del intendente Carbajal.
"Necesitamos que el intendente nos dé el apoyo que estamos buscando, no solo como familias, sino para nuestros niños. Esto es una necesidad con rostro de infancia hoy. El tiempo no espera, y cada día que pasa sin terapias es un retroceso para nuestros hijos", expresó Poblete.

Hasta ahora, las familias no lograron reunirse con el jefe comunal, pese a los intentos. Solo recibieron respuestas automáticas a sus pedidos de audiencia.

Con la fecha límite del 2 de septiembre en el horizonte, los padres aguardan con esperanza, pero también con preocupación, que la ordenanza 1665 no sea vetada y se convierta en una herramienta real para garantizar derechos básicos: diagnóstico temprano, acceso a terapias y acompañamiento permanente.