Fiscalía de Estado busca sanciones más severas por amenazas de bomba en San Juan
El organismo analiza acciones civiles y medidas punitivas para responsables, tanto adultos como menores, tras reiteradas amenazas que afectaron escuelas, hospitales y espectáculos.
La Fiscalía de Estado de San Juan evalúa implementar sanciones más estrictas contra quienes protagonizan amenazas de bomba en la provincia. Así lo confirmó el Fiscal de Estado, Sebastián Dávila, en diálogo con Radio Sarmiento, quien aseguró que la situación "no puede seguir bajo estas circunstancias" y que se estudian todas las alternativas legales para castigar a los responsables.
"Estamos pensando en iniciar acciones civiles contra las personas que han provocado estos daños, porque no es solamente la reparación del procedimiento… también genera un daño al Estado. Por ejemplo, en las escuelas, cuando se paraliza la actividad, los docentes no pueden trabajar y el funcionamiento del establecimiento se ve afectado", explicó Dávila.
El fiscal aclaró que la intención es aplicar estas medidas tanto a adultos como a menores, aunque en el caso de los jóvenes se busca un enfoque más integral. "No es un castigo propiamente dicho, sino una instancia de reeducación, de readecuación, donde se involucra todo el contexto social en el que vive el menor… padres, tíos, primos, vecinos", detalló.
Dávila destacó que los casos cometidos por adultos ya han permitido "lograr algunos resultados en cuanto a que se hicieran cargo por lo menos del operativo" y que ahora se evalúan medidas más firmes para que respondan no solo por los costos de seguridad, sino también por los perjuicios generados al Estado. "El caso del show de Lali, por ejemplo, paralizó toda la logística del espectáculo… eso involucra un gasto y un daño que el Estado va a salir a defender", señaló.
En cuanto al trabajo con menores, el Fiscal de Estado adelantó que se está analizando vincular las acciones con programas de justicia restaurativa juvenil, que incluyen talleres, cursos y charlas en escuelas para que comprendan la gravedad de sus actos. "O sea, requiere de un tratamiento más extenso, con mayor desafío de los profesionales especializados, para que esto no vuelva a suceder", añadió.
Dávila afirmó que esperan tener definiciones concretas en las próximas semanas y remarcó la necesidad de que la sociedad conozca que estas acciones tienen consecuencias legales. "Que se sepa que van a haber medidas más graves para aquel que tome este tipo de conductas. Comprende lisa y llanamente el inicio de una acción por daño y perjuicio", concluyó.
