Presentan un proyecto de ley en el Senado para aumentar las restricciones al vapeo
La iniciativa busca reforzar la prohibición de venta y publicidad de estos productos, pero organizaciones de usuarios advierten que podría profundizar el mercado informal.
En el Senado de la Nación ingresó un proyecto de ley que apunta a limitar aún más el acceso de los menores a los productos de vapeo. La propuesta incluye la prohibición de venta y entrega gratuita a adolescentes, sanciones económicas, clausuras y decomisos para quienes incumplan, y la prohibición total de exhibición, publicidad, promoción y patrocinio de estos dispositivos.
Según la autora de la iniciativa, la medida responde a la necesidad de proteger a los jóvenes de productos que "generan adicción y daños a la salud", en un contexto en el que el uso de vapeadores entre adolescentes creció de manera sostenida en los últimos años.
Sin embargo, desde la World Vapers’ Alliance, organización internacional de usuarios, sostienen que el enfoque no resolverá el problema. Afirman que la prohibición no impedirá el acceso de los menores, pero sí limitará la posibilidad de que fumadores adultos adopten una alternativa "un 95% menos dañina y eficaz para dejar el cigarrillo".
En Argentina, la venta, importación, distribución y publicidad de productos de vapeo están prohibidas desde 2011 por disposición de la ANMAT. Pese a ello, millones de personas los utilizan, abasteciéndose en un mercado informal sin controles ni trazabilidad.
Para la campaña Vapeo Responsable, impulsada por la misma organización de consumidores, la iniciativa parte de una preocupación legítima, pero "profundiza un modelo prohibicionista que ha fracasado en sus propios objetivos". Su portavoz, Alberto Gómez Hernández, señaló: "Apoyamos que se prohíba la venta a menores y que se sancione a quienes incumplan, pero eso ya debería estar pasando. Sin regulación, no hay manera de controlar nada".
La discusión sobre el futuro del vapeo en el país vuelve así al centro del debate legislativo, entre quienes buscan reforzar las restricciones y quienes reclaman un marco regulatorio que permita control y trazabilidad.