El presunto autor de la falsa amenaza de bomba está con prisión domiciliaria

Tras el operativo que obligó al desalojo del estadio sanjuanino donde se realizaba el recital de Lali Espósito, el fiscal de la UFI Genérica, Dr. Alejandro Mattar, confirmó que ya fue identificada y detenida la persona responsable de la amenaza de bomba.

Se trata de un hombre de 74 años, identificado como Juan Carlos Salem, que, tras ser examinado por un médico, fue trasladado a su domicilio bajo prisión domiciliaria con custodia policial.

Mattar brindó detalles del procedimiento investigativo que permitió resolver el caso en tiempo récord.

"Esto comienza el viernes con la llamada. Se activó inmediatamente el protocolo de seguridad para salvaguardar a los presentes, entre los que había menores y personas con discapacidad. La Policía de San Juan y Bomberos realizaron un desalojo ordenado y sin generar pánico", destacó el fiscal, quien elogió la labor del personal policial.

La División de Análisis y Apoyo Tecnológico de la Policía fue clave en el avance de la causa.

"A las 48 horas ya sabíamos quién era el autor del llamado. Lo que demoró un poco más fue localizar su paradero actual y del momento del hecho", explicó Mattar al ser entrevistado en Radio Sarmiento.

El seguimiento técnico permitió reconstruir el uso del teléfono con el que se efectuó la amenaza. 

"El chip no estaba registrado a su nombre. El aparato ya había sido descartado meses atrás, pero se logró rastrear su uso anterior, los contactos y demás datos que condujeron a su individualización", detalló.

En cuanto a la motivación del hecho, el fiscal indicó que no se ha establecido aún si hubo alguna intención ideológica o política detrás.

"Él reconoció haber cometido el error, pero no dio mayores explicaciones. Se secuestraron entre 6 y 10 dispositivos que serán peritados en los próximos días", añadió.

La causa fue caratulada como "amenazas agravadas por anonimato en concurso real con intimidación pública", aunque no se descarta la inclusión de una figura más grave: coacción, por haber intentado impedir la realización de un evento público.

"La intimidación pública tiene una pena de 2 a 6 años; las amenazas agravadas, de 3 a 10. Si se configura la coacción, la calificación legal podría agravarse aún más", detalló.

Consultado sobre la posibilidad de una pena efectiva, Mattar aclaró: "En la mayoría de estos delitos la pena es de cumplimiento efectivo, pero la edad del imputado y la ausencia de antecedentes podrían derivar en una pena en suspenso o prisión domiciliaria. Por el momento, permanece con arresto domiciliario hasta que tengamos un informe médico concluyente".

La fiscalía ahora trabaja en reunir los últimos elementos de prueba para solicitar la audiencia formal y definir la calificación legal definitiva del hecho. Mientras tanto, el imputado seguirá bajo custodia en su vivienda.