Amenaza de bomba en el estadio: todavía no se determina quien es el autor

El pasado fin de semana, se registró una amenaza de bomba telefónica que obligó a inspeccionar las instalaciones del estado Aldo Cantoni donde se realizaría el show de Lali.

El operativo fue considerado exitoso ya que no halaron explosivos. Así lo destacó el fiscal Alejandro Matar, titular de la UFI Genérica, quien está a cargo de la investigación, en Radio Sarmiento.

"El procedimiento fue muy ordenado. La Policía de San Juan y los responsables de seguridad actuaron con profesionalismo, sin generar pánico. Eso es muy importante", sostuvo Matar.

Respecto de la investigación, el fiscal explicó que se encuentran abocados a identificar el origen exacto del llamado.

"Se trata de un trabajo donde intervienen organismos nacionales y la Policía de San Juan, sobre todo en el área tecnológica. Ya se identificaron antenas y se está trabajando en reducir el margen geográfico para ubicar el domicilio desde donde surgió la llamada", detalló.

A pesar de que el número tenía prefijo 011 (de la ciudad de Buenos Aires), las antenas determinaron que el llamado se originó en Marquesado, en el departamento Rivadavia. "Puede tratarse de un teléfono con chip porteño, pero utilizado físicamente en San Juan", indicó el fiscal.

Sobre los avances, Matar precisó que "aún no tenemos identificado al titular de la línea".

La Fiscalía está a la espera de los oficios enviados a la empresa telefónica para que se informe quién es el propietario del número. "Esperamos que esa respuesta llegue en el transcurso del día o los próximos días", señaló.

Por el momento, la causa está caratulada como intimidación pública, aunque no se descarta un cambio de calificación.

"Podría tratarse de coacción u otra figura penal, dependiendo de lo que se descubra", explicó Matar.

En cuanto a las penas, aclaró que la escala va de 2 a 10 años, y en el caso de coacción, podría llegar hasta los 5 a 10 años de prisión efectiva. Aunque la ausencia de antecedentes podría jugar a favor del imputado, los jueces deben justificar cada decisión sobre la modalidad del cumplimiento de la pena.

Otro de los puntos relevantes de la causa es el costo del operativo, que podría superar los cuatro millones de pesos. De ser identificado el autor, se evaluará si corresponde que asuma los gastos como sanción adicional, tal como ocurrió en hechos similares previos.

Finalmente, el fiscal aseguró que se siguen recibiendo respuestas a los oficios emitidos y que el trabajo continúa de forma coordinada.

"No podemos adelantar un plazo exacto, pero en las próximas horas o días podríamos tener avances importantes. Es un trabajo minucioso, pero estamos cerca del resultado que buscamos: la detención del responsable", dijo.