El Gobierno habilita la ciudadanía argentina para extranjeros que realicen inversiones "relevantes"
Sin necesidad de residencia previa, los solicitantes podrán nacionalizarse si su capital es aprobado por el Ministerio de Economía. Críticas por falta de transparencia y posible puerta al lavado de dinero.
El Ejecutivo nacional puso en marcha un nuevo mecanismo para acceder a la ciudadanía argentina sin necesidad de residencia previa, siempre que el solicitante extranjero realice una inversión calificada como "relevante". La medida, oficializada este jueves a través del Decreto 524/2025 publicado en el Boletín Oficial, forma parte del paquete de reformas destinadas a fomentar el ingreso de capitales al país.
La implementación de este régimen estará a cargo de la flamante Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado que dependerá directamente del Ministerio de Economía. Este último tendrá la facultad exclusiva de determinar qué inversiones reúnen los criterios para ser consideradas "relevantes" y habilitar así el inicio del trámite de naturalización.
Según establece la norma, los interesados deberán presentar su solicitud ante la Agencia, que se encargará de evaluar la operación económica propuesta. Si esta es validada, se activará un proceso de revisión que involucrará a múltiples organismos estatales, incluidos el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia, la SIDE y el RENAPER, con el fin de descartar posibles riesgos para la seguridad nacional o irregularidades legales.
Una vez concluidos los controles, la Agencia emitirá una recomendación que será elevada a la Dirección Nacional de Migraciones, la cual deberá resolver la solicitud en un plazo máximo de 30 días hábiles.
Además del acceso a la nacionalidad, quienes se beneficien con este programa podrán gestionar su CUIT de manera automática a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), facilitando así su incorporación al sistema fiscal argentino.
El nuevo esquema, no obstante, generó inquietud en el arco opositor y entre expertos en políticas migratorias. Las principales críticas apuntan a la falta de parámetros públicos y objetivos para definir qué constituye una inversión "relevante", lo que podría habilitar discrecionalidades, conflictos de interés o incluso favorecer maniobras de lavado de dinero bajo la fachada de la naturalización.
Hasta el momento, el procedimiento ordinario para obtener la ciudadanía argentina requería un mínimo de dos años de residencia legal y continua en el país. Con esta reforma, ese requisito queda anulado para quienes demuestren una inversión que cuente con el aval del Gobierno.
