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Reclamo

San Juan se moviliza: Vigilia en la Plaza 25 de Mayo por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Cientos de familias sanjuaninas esperan que el congreso apruebe la ley para que se beneficien las personas con discapacidad.

En un llamado urgente a la conciencia y al apoyo legislativo, la Asociación Autismo San Juan ha convocado a una vigilia en la Plaza 25 de Mayo. La movilización busca presionar por la inminente aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad en el Congreso de la Nación, una iniciativa clave para garantizar los derechos y la sostenibilidad de las prestaciones para miles de personas.

La "Vigilia por la Aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad" tendrá lugar el próximo jueves 10 de julio a las 12:00 hs en la Plaza 25 de Mayo. La convocatoria es abierta a toda la comunidad, con un especial llamado a familias, terapistas, transportistas y a todo el colectivo de la discapacidad a llevar sus mates, carteles y equipos de música para acompañar esta crucial demanda. El lema que impulsa la movilización es contundente: "Porque la emergencia es real y nos afecta a todos. SUMATE. ES POR TODOS" . Se aclara que la fecha y hora están sujetas a posibles modificaciones según la agenda del Congreso.

La Ley de Emergencia en Discapacidad: Un grito de urgencia

El proyecto de ley, presentado por el diputado Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social de la nación y otros legisladores, proponen declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Su objetivo principal es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas fundamentales como salud, educación, trabajo y protección social.

La iniciativa busca implementar medidas cruciales, entre las que se destacan:

  • Regularización de pagos y actualización de aranceles: Saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, declarando este sistema de interés público nacional.

  • Reforma del sistema de pensiones no contributivas: Garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad y revisar las condiciones de acceso.

  • Fortalecimiento institucional y transparencia: Mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y exigir informes públicos sobre la ejecución presupuestaria.

  • Compensaciones económicas: Incluir una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción.

  • Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): Establecer lineamientos para la certificación, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales.

  • Cumplimiento del cupo laboral: Reafirmar la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.

Un camino legislativo con obstáculos

El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, y fue girado al Senado. Recientemente, peronistas y radicales emitieron un dictamen favorable en la comisión de Población y Desarrollo Humano. Sin embargo, la iniciativa debe ser tratada aún en la estratégica comisión de Presupuesto, presidida por el libertario Ezequiel Atauche, quien se resiste a convocarla. La oposición ha advertido que, de no abrirse esta comisión, pedirán una sesión especial para tratar el proyecto "sobre tablas" esta semana, junto con el aumento de las jubilaciones.

A pesar del amplio apoyo de bloques como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Innovación Federal, Coalición Cívica, la izquierda y parte del radicalismo, el Gobierno nacional, a través de la ANDIS, ha manifestado su rechazo al proyecto. Lo ha calificado como una "iniciativa regresiva que apela a un modelo asistencialista ya superado" y ha expresado preocupaciones sobre su costo fiscal (estimado entre el 0,22% y 0,42% del PBI). El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, incluso ha adelantado una posible objeción del Ejecutivo en caso de su sanción, argumentando que "no existen los recursos ".

Organizaciones no gubernamentales, como el Foro Permanente por la Discapacidad, TEActiva y Discas en Lucha, han denunciado recortes en pensiones y servicios, exigiendo la aprobación de la ley y subrayando que "las personas con discapacidad no pueden esperar". Este llamado a la movilización en San Juan refleja la creciente preocupación y la determinación de la comunidad por garantizar que los derechos de las personas con discapacidad sean una prioridad real.

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