Expropiaciones, la historia de una causa que comenzó hace 15 años

La megacausa de las Expropiaciones se originó en 2010 por una denuncia que efectuó el Gobierno de San Juan, en ese entonces encabezado por José Luis Gioja. La denuncia original fue radicada el 28 de octubre de 2010 ante a fiscalía de instruccion Nº1, a cargo de Daniel Guillén Alonso, que luego se inhibió por amistad con la exjueza Rosalba Marún de Sobelvio. El fiscal Carlos Rodríguez quedó a cargo de la causa.

Sin embargo, dos años antes, el asesor del gobernador, Guillermo De Sanctis, fue clave para comenzar con el sumario administrativo en el que se detectaron las primeras irregularidades y que terminó con la remoción del abogado de Fiscalía de Estado, Norberto Baistrocchi, por ser considerado negligente en el manejo de juicios de expropiaciones que supuestamente le ocasionaron a la Provincia un perjuicio millonario.

En 2011, De Sanctis, que ya había asumido como fiscal de Estado, impulsó la causa en la que estaban apuntados jueces, abogados, un exfiscal de Estado, un exintegrante de la Fiscalía, peritos y los exmiembros del Tribunal de Tasaciones de la Provincia.

El 1 de marzo de 2013 se produjo la detención de 11 de los imputados entre ellos Santiago Graffigna, Rosalba Marún, Mario Días, los seis integrantes del Tribunal de Tasaciones, Ana Maria Melvin y Nestor Adán Ruiz quedando prófugo el abogado Horacio Alday.

Al operativo de la detención se lo llamó (internamente en la policía) "Los 12 Apóstoles". Seis fueron detenidos por una comisión de la Policía provincial y los restantes por efectivos de la Policía Federal.

Ese mismo año se dictó el primer procesamiento y el abogado Santiago Graffigna fue el único que quedó detenido por ser imputado como el jefe u organizador de una asociación ilícita.

En la causa  se dictaron cuatro procesamientos: uno por la exjueza María Inés Rosselot; el segundo por el fallecido juez Benito Ortiz, juez subrogante,  y los dos últimos por Benedicto Correa, quien era el magistrado  a cargo del Quinto Juzgado de Instrucción Penal. Los cuatro procesamientos fueron confirmados por la Cámara Penal.

Elevación a juicio de la causa

En marzo de 2018, el fiscal Carlos Rodríguez le pidió al juez Benedicto Correa que la megacausa de las expropiaciones sea elevada a juicio oral. 

En el escrito presentado, el fiscal "considera acreditada la existencia de los hechos delictuosos por parte de los imputados, como así también la autoría de los procesados en los mismos, quienes en tal sentido deberán responder penalmente".

"Nada fue casual, fortuito o accidental, por el contrario, todo fue debidamente pensado, planeado, deliberado y consecuente a la finalidad propuesta: el saqueo de las arcas del estado provincial, en beneficio de unos pocos individuos inescrupulosos, que bajo el escudo de un título profesional, de un cargo de juez o de peritos que con sus dictámenes sobrevaloraron o sobredimensionaron los valores de los inmuebles objetos de la expropiación y los rubros reclamados por el doctor Santiago Graffigna, prestando su anuencia a la consecución del fin espurio perseguido por el letrado en la causa penal", dijo el fiscal Rodríguez.

Rodríguez señaló además que se "trato de una organización estable que se mantuvo en el tiempo dándose en forma reiterada la misma circunstancia o elementos que califican la organización criminal, existiendo también una suerte de complacencia técnica hacia  las pretensiones ilegales de Santiago Graffigna con los peritos intervinientes en estos procesos".

Comienzo del juicio oral 

Finalmente, en octubre de 2022, el tribunal conformado por los jueces María Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón, inició el debate oral y público en el Concejo Deliberante de la Capital. Tribunal que el pasado viernes 4 de julio dictó sentencia condenando, con distintas penas, a los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday; el exfiscal de Estado Mario Díaz; la experito de Fiscalía de Estado Ana María Melvin; el exempleado de la Dirección de Recursos Energéticos, Néstor Adán Ruiz; el exjuez Carlos Macchi; y los peritos Juan Pablo Quiroga Ramoino y Víctor Hugo Bustos; y el exintegrante del Tribunal de Tasaciones, José Moreno, quedando absueltos sus pares Adolfo Cravero, Julio César Fernández y Eduardo Olivera.

Desde que se inició la causa, murieron dos imputados: el exabogado de Fiscalía de Estado, Norberto Baistrocchi, y  la exjueza Rosalba Marún de Sobelvio. Por otro lado, Pedro Bazzani, ex miembro del Tribunal de Tasación, fue apartado por tener una enfermedad mental. En tanto que Fernando Videla no recibió condena y será evaluado por una junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio.

Casos emblemáticos

Ruiz, Guillermo

El Estado pagó 25 millones de pesos por la expropiación de "una vereda" de 1.430 m2 que a mediados del siglo pasado no se canceló.

Cuesta del Viento

Comprende a un grupo de terrenos que fueron expropiados en Iglesia para la construcción del dique Cuesta del Viento. La provincia pagó en total unos 17 millones de pesos.

Parque de Mayo

Es el caso más oneroso.  Por cinco hectáreas aledañas al Parque de Mayo, la sentencia alcanzaría los 1.500 millones de pesos.

Canal Benavídez

La provincia zafó de pagar más de 100 millones de pesos por dos hectáreas del entonces llamado canal Playas (hoy Benavídez). La causa está caratulada como Yanzón de Graffigna. La expropiación se hizo en 1949.

Herrería

En el expediente Herrería Gustavo, la provincia fue condenada a abonar 1,8 millones de pesos por una vereda de 124 metros cuadrados, afectada al ensanche de Avenida Paula Albarracín de Sarmiento.

Los montos de dinero son anteriores a 2010.