Caucete podría quedarse sin luz en sus edificios municipales, pero no en las calles

La pulseada entre la Distribuidora Eléctrica de Caucete (DECSA) y la municipalidad escaló hasta un punto crítico: sobre la mesa hay una deuda de $565 millones certificada por el Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE) y la advertencia de que, sin un plan de pagos, la empresa podría cortar la luz en edificios y dependencias oficiales. Sin embargo, el alumbrado público –el servicio que ilumina calles y espacios comunes– no podrá ser interrumpido. La explicación va mucho más allá de la "voluntad" de la distribuidora: se trata de una limitación física y técnica de la propia red y de la función esencial que cumple esa iluminación para la seguridad ciudadana.

Una red sin medidores, origen del conflicto
"El problema nació porque el municipio no invirtió a tiempo en la instalación de cable piloto, fase y neutro; sin esa infraestructura es imposible colocar medidores en cada brazo de luz", detalló el vicepresidente del EPRE, Roberto Ferrero.

"Las lámparas hoy se estiman: se cuentan, se clasifica su potencia y se calculan las horas de encendido. Ese cálculo de escritorio abre la puerta a discusiones interminables", subrayó.

En los hogares, comercios o industrias la energía consumida se registra en el medidor de cada cliente. En las luminarias de Caucete eso no ocurre: faltan los conductores de comando y energía (cable piloto, fase y neutro) que permiten instalar un contador. Sin esa obra previa –responsabilidad exclusiva del municipio– la distribuidora no puede medir el consumo real y cobra sobre una estimación que hoy cuestiona la comuna.

Por qué no se puede "bajar la palanca" del alumbrado:

-  Ausencia de medidores individuales.
Para interrumpir el servicio la distribuidora debe desconectar un punto de medición. Como el alumbrado carece de esos medidores, no existe un interruptor específico que pueda abrirse sin afectar toda la red de media tensión que también alimenta a usuarios particulares.

-  Servicio público esencial.
"Cortar la iluminación callejera comprometería la seguridad de las personas", remarcó Ferrero. El propio contrato de concesión considera al alumbrado público un servicio básico, equiparable al suministro de agua potable o a la atención sanitaria de urgencia.

 En síntesis: no hay medidor que cortar y, aun si lo hubiera, el impacto social y legal de apagar las farolas lo vuelve inviable.

Qué sí puede cortar DECSA
Las oficinas municipales, centros deportivos, depósitos y cualquier dependencia que disponga de su propio medidor sí están expuestas a la suspensión del suministro. "La acción está prevista en el régimen de suministro: DECSA tiene derecho a cortar si el deudor moroso no acuerda un plan o no paga", recordó Ferrero. El certificado de deuda emitido por el EPRE funciona como título ejecutivo y habilita también la vía judicial. De acuerdo a lo que informó DECSA, el municipio tiene aproximadamente 40 medidores en distintas reparticiones.

La salida: inversión y acuerdo de pago
El EPRE ya tendió un puente: ofreció colaborar en un programa que, de modo progresivo, instale el cableado faltante y los medidores en cada línea de alumbrado. Eso eliminaría la estimación y cerraría la discusión sobre cuánto se debe en realidad. Paralelamente, instó a las partes a firmar un plan de pagos que evite el corte de energía en dependencias municipales.