El Gobierno exige a las prepagas que informen previamente cualquier aumento en sus cuotas
La nueva normativa busca regular la comunicación de incrementos y ponerle un freno a los desbordes tarifarios del sector privado de salud.
En un giro que marca distancia con la política de desregulación impulsada en los primeros meses de gestión, el Gobierno estableció un nuevo mecanismo de control sobre los aumentos aplicados por las empresas de medicina prepaga. A través de la Resolución 645/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) implementó un procedimiento obligatorio que obliga a las compañías a informar previamente cualquier suba en el valor de sus planes.
La medida establece un protocolo unificado para presentar los datos relativos a los aumentos, y su cumplimiento será condición indispensable para que la comunicación a los afiliados tenga validez legal. Es decir, las prepagas no podrán notificar a los usuarios sobre nuevas tarifas si antes no han informado a la Superintendencia.
Esta normativa se inscribe en una serie de intentos recientes del Ejecutivo por contener el ritmo de incremento de las cuotas, que durante 2024 crecieron por encima de la inflación general. Si bien contrasta con la lógica liberal que marcó el inicio del mandato de Javier Milei, la medida busca responder a los reclamos sociales frente al encarecimiento del acceso a la salud privada.
Las empresas deberán remitir a la SSS la comunicación completa destinada a sus afiliados, el porcentaje de aumento previsto, los nuevos valores discriminados por plan, edad y zona, el cuadro tarifario vigente y el detalle de los copagos por prestación. Todo este trámite deberá realizarse a través de la web oficial del organismo.
El plazo para presentar esta información será de cinco días corridos desde la publicación del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, y siempre con una anticipación mínima de 30 días respecto del vencimiento de la cuota que se desea actualizar.
La nueva resolución se suma a la ya existente 2155/2024, emitida en septiembre del año pasado, que había fijado criterios generales sobre cómo debía comunicarse el aumento de tarifas en los planes de salud. Ahora, con esta actualización, el Gobierno busca reforzar el control y garantizar mayor previsibilidad para los usuarios.
