Avanza en Diputados el debate para bajar la edad de imputabilidad a 14 años
El oficialismo y bloques aliados buscan emitir dictamen esta semana, mientras persisten las críticas desde la oposición y la Iglesia.
La Cámara de Diputados se prepara para avanzar en el tratamiento de un proyecto de ley que plantea una reforma clave en el régimen penal juvenil: bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. La iniciativa, impulsada por el oficialismo con el respaldo del PRO, la UCR y otras fuerzas provinciales, será debatida en un plenario de comisiones, con la intención de emitir dictamen en los próximos días.
Según trascendió, el borrador final del dictamen, elaborado por la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), cuenta con un amplio consenso entre los bloques que suelen acompañar las iniciativas del presidente Javier Milei. Desde estos sectores sostienen que el proyecto apunta a garantizar justicia para las víctimas y a establecer un abordaje más efectivo de los delitos cometidos por menores.
El texto propone un sistema de sanciones penales diferenciadas para adolescentes de entre 14 y 18 años, que incluye desde penas de prisión atenuadas hasta medidas alternativas como amonestaciones, restricciones de circulación, monitoreo electrónico o tareas comunitarias. Para los casos más graves, como aquellos que implican muertes, se contemplan penas privativas de libertad, pero con un tope máximo de 20 años y sin posibilidad de prisión o reclusión perpetua.
Asimismo, el proyecto incorpora programas de resocialización y tratamientos médicos, educativos y deportivos, y establece la figura del "supervisor", un referente que acompañará al menor durante todo el proceso judicial y de reinserción, elaborando un plan personalizado de educación y reintegración.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de cuestionamientos. Desde el bloque de Unión por la Patria expresaron su rechazo y defendieron mantener la edad de imputabilidad en 16 años. Además, presentaron iniciativas propias que apuntan a reforzar políticas sociales y educativas como alternativas a la criminalización.
La Iglesia también expresó su preocupación y se pronunció en contra del proyecto. Representantes eclesiásticos mantuvieron reuniones con autoridades legislativas para compartir su mirada crítica sobre el avance de esta reforma, que comenzó a debatirse formalmente en 2024.
