La inversión minera bajo el RIGI no supera el gasto agrícola anual en soja y maíz
Aunque el Gobierno impulsa grandes beneficios fiscales para atraer inversiones mineras a través del RIGI, el monto total comprometido en esos proyectos aún no logra superar la inversión que cada año realiza el campo argentino en la zona núcleo para sembrar soja y maíz, sin acceder a ningún régimen promocional
Mientras el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fue presentado como una herramienta clave para atraer capital extranjero a sectores estratégicos, los números muestran que el conjunto de inversiones mineras inscriptas en este esquema no alcanza a igualar el esfuerzo económico que realizan cada año los productores agropecuarios argentinos, sin ningún beneficio promocional, de acuerdo a lo que publicó Bichos de Campo.
A la fecha, seis emprendimientos mineros se han registrado en el RIGI por un monto total de 5.074 millones de dólares. La mayoría de ellos apunta a la explotación y producción de litio y cobre y se ubican en las provincias de Salta, Catamarca y San Juan. El proyecto más relevante es el de la empresa británica Río Tinto, que prevé iniciar en 2028 la exportación de 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio, con una inversión de 2.724 millones de dólares.
El segundo en magnitud es el proyecto Gualcamayo, de Minas Argentinas SA –controlada por el conglomerado canadiense Aisa Group–, que se desarrolla en San Juan y contempla una inversión de 1.000 millones de dólares. Aunque estratégicos por su potencial exportador y su vinculación con la transición energética global, estos emprendimientos distan mucho del volumen de capital que moviliza año tras año el sector agrícola argentino en su actividad productiva regular.
Solo en la campaña 2024/25, las empresas agropecuarias argentinas invirtieron más de 6.000 millones de dólares para sembrar soja y maíz en la zona núcleo pampeana, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y cálculos de la plataforma Agbi. En dicha región se implantaron 4,85 millones de hectáreas de soja con una inversión promedio de 939 dólares por hectárea, y 1,29 millones de hectáreas de maíz con un costo promedio de 1.189 dólares por hectárea. Las cifras incluyen arrendamientos y el costo de oportunidad de la tierra.
Paradójicamente, esta inversión agrícola, en gran parte realizada por empresas nacionales en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, no cuenta con ningún régimen de promoción que contemple beneficios fiscales, cambiarios o de estabilidad normativa. A pesar de ser el sector que año tras año lidera la generación de divisas para el país, el agro continúa operando sin el respaldo que hoy sí reciben proyectos mineros y energéticos a través del RIGI.
Este régimen otorga beneficios como una tasa reducida del impuesto a las Ganancias (25% frente al 35% tradicional), amortización acelerada, exención de IVA en insumos, y la posibilidad de computar el impuesto al cheque como pago a cuenta. Además, las importaciones de bienes de capital, partes y repuestos están libres de aranceles y cargas impositivas, y las exportaciones de estos proyectos quedan exentas de retenciones después de los primeros dos o tres años de adhesión al régimen. Tampoco se exige el ingreso al mercado cambiario local de los aportes de capital o créditos del exterior.
En contraste, la agricultura argentina, que ha logrado niveles de productividad y eficiencia competitivos a escala global, enfrenta altos niveles impositivos, costos financieros elevados y una permanente incertidumbre macroeconómica, sin acceso a herramientas que le otorguen previsibilidad o incentivos de largo plazo.
La comparación entre ambos sectores pone de manifiesto no solo las prioridades de la política económica actual, sino también las asimetrías que persisten entre actividades igualmente fundamentales para el desarrollo y la generación de divisas del país. Mientras los dólares de la minería están prometidos para dentro de varios años, los del agro ya están sembrados.
