El Gobierno ordena que la UIF deje de ser querellante en causas de lavado de dinero
El objetivo de la medida apunta a evitar la superposición de organismos, que según el Ejecutivo podría generar "contradicciones" en las actuaciones.
A través del decreto 274/2025, el Gobierno nacional resolvió que la Unidad de Información Financiera (UIF) ya no actuará como parte querellante en procesos judiciales vinculados con hechos de corrupción y lavado de activos. La medida fue dispuesta por el presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Según el texto oficial, la decisión responde a la necesidad de evitar la duplicación de tareas entre la UIF y el Ministerio Público Fiscal, lo que implicaba –según el Ejecutivo– un uso ineficiente de recursos humanos y económicos, además del riesgo de generar contradicciones en la estrategia judicial.
El decreto hace hincapié en que los delitos financieros y conexos, como el lavado de activos y la financiación del terrorismo, forman parte de una criminalidad compleja que pone en riesgo la estabilidad del sistema económico-financiero, tanto a nivel local como internacional. En ese marco, se destaca que estas prácticas delictivas evolucionan de forma constante, adaptándose a nuevas modalidades, tecnologías y actores.
Entre los fundamentos, se menciona un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que promueve políticas contra el lavado de dinero. En él se recomienda que Argentina revise la participación de la UIF como querellante, señalando que esa función podría comprometer su autonomía e independencia operativa.
El decreto también plantea que es necesario establecer criterios claros para que la UIF defina sus obligaciones en función de un enfoque basado en riesgos, que tenga en cuenta las capacidades técnicas y los recursos de los sujetos alcanzados por la normativa.
