Proponen eliminar jubilaciones y pensiones para obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica
Desde la última dictadura militar persiste una reglamentación que legisla sobre las jubilaciones del clero.
Aunque el diálogo entre la Iglesia Católica y el Gobierno Nacional se ha mantenido desde el cambio de gestión, los fondos estatales destinados a la institución religiosa han disminuido de manera significativa. En este contexto, la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para eliminar las asignaciones previsionales y remuneraciones a integrantes del clero.
La iniciativa, denominada "Derogación de Asignaciones Estatales Previsionales y Remuneraciones por parte del Estado Nacional", tiene como objetivo explícito derogar las disposiciones legales que garantizan jubilaciones, pensiones y sueldos para obispos y sacerdotes. "La Iglesia Católica renunció progresivamente a estas asignaciones, y en 2024 no se efectuaron pagos, aunque su exigibilidad sigue vigente. Es hora de considerar estas normativas como obsoletas", explicó la diputada cordobesa, quien también señaló que estas leyes datan de la última dictadura militar.
Disminución de los fondos estatales
Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la Iglesia Católica experimentó una caída nominal del 32% y una caída real del 79% en los fondos asignados en 2024 a través del programa "Registro y Sostenimiento de Culto". En total, la Secretaría de Culto destinó $132,3 millones, significativamente menos que los $194,4 millones entregados en 2023.
Además, en al menos seis meses del año (enero, febrero, marzo, julio, septiembre y noviembre), la Iglesia no recibió fondos estatales. Desde 2018, la institución había comenzado a renunciar progresivamente a las asignaciones mensuales de $55.000 destinadas a arzobispos y obispos, un monto que ya no se actualizaba por inflación.
Fondos para Cáritas
A pesar de la disminución en los fondos directos, la Iglesia Católica recibió alrededor de $3.661 millones mensuales a través de su fundación Cáritas, otorgados por el Ministerio de Capital Humano. Estos recursos se destinaron al sostenimiento de comedores comunitarios y la distribución de alimentos, reforzando la asistencia social que lleva adelante la institución.
El proyecto de ley busca cerrar una etapa histórica de financiamiento estatal directo al clero, en línea con el proceso de autonomía económica que la Iglesia ha iniciado en los últimos años. La propuesta ahora deberá ser debatida en el Congreso, donde se anticipa una discusión profunda sobre el rol del Estado en el sostenimiento de las instituciones religiosas.
