Extienden el plazo para convertir empresas estatales en sociedades anónimas
El Gobierno extendió por 60 días el plazo para que las empresas estatales se conviertan en sociedades anónimas, paso clave hacia su privatización. La medida busca acelerar el proceso en medio de ajustes económicos y una reconfiguración del rol del Estado en el sector público

El Ejecutivo Nacional decidió prorrogar por 60 días adicionales el período para que las empresas estatales culminen su transformación en sociedades anónimas, un paso clave que allana el camino hacia su eventual privatización. La decisión, oficializada a través del Decreto 1120/2024 publicado en el Boletín Oficial, se enmarca en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, que declaró la emergencia pública en múltiples áreas estratégicas.
La medida responde, según los considerandos del decreto, a que "la persistencia de las circunstancias de hecho y de derecho" continúa obstaculizando el cumplimiento de los plazos establecidos originalmente en el artículo 48 del DNU 70/2023. En un principio, el plazo era de seis meses, pero fue prorrogado por igual período en julio y ahora extendido nuevamente por dos meses más.
Flexibilización y avances parciales
La Comisión Nacional de Valores (CNV) también se sumó a este proceso con la Resolución General 1024/2024, que estableció un régimen transitorio de información contable. Este esquema tiene como objetivo facilitar los requisitos para que las empresas que completen su transformación puedan cotizar en bolsa y, eventualmente, realizar ofertas públicas de acciones como alternativa para su privatización.
Uno de los avances más destacados fue la conversión de Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado en una Sociedad Anónima Unipersonal, marcando el primer caso de transformación registrado oficialmente. Sin embargo, otras empresas estatales, como Trenes Argentinos, aún permanecen bajo la figura jurídica de sociedad del Estado.
El proceso de privatización en números
El gobierno liderado por Javier Milei apunta a desprenderse de más de 59 empresas públicas, entre las cuales hay 40 sociedades principales y 19 subsidiarias. Aunque el proyecto inicial buscaba incluir a más de 20 compañías en la Ley de Bases, las negociaciones con la oposición limitaron el alcance a seis empresas estratégicas y permitieron la incorporación de capitales privados en otras dos.
Las empresas en la lista incluyen Energía Argentina (ENARSA), Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Perspectivas oficiales
"El Estado no tiene que seguir siendo empresario. Vamos a tratar de hacer todo rápido. La idea es vender todo", aseguró un alto funcionario encargado del proceso, bajo la supervisión de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas.
Si bien el proceso avanza con lentitud, el gobierno mantiene su intención de reducir el rol estatal en las empresas públicas, en una medida que promete generar intensos debates sobre el futuro de los servicios públicos y la estructura económica del país.