Los "hermanos Cañadas" denunciados por estafa, deberán pagar 42.500 dólares
En un acuerdo homologado por la justicia, los hermanos Cañadas y una empresaria se comprometieron a abonar una deuda de 42.500 dólares a un productor de pasas, tras ser denunciados por estafa.
El 13 de diciembre, el Juzgado de San Martín homologó un acuerdo de conciliación entre los denunciantes y los imputados en el caso de estafa que involucra a los hermanos Cañadas y la empresaria Bárbara Estefanía Balmaceda. El acuerdo surgió tras la denuncia de Miguel Ángel Martín, dueño de la empresa PASASOL, quien en 2022 fue víctima de una estafa por parte de los Cañadas.
Según la denuncia presentada el 22 de marzo de 2024 por Martín, los hermanos Cañadas, Mariano Julián, Franco Gabriel y Gerardo Gastón, se acercaron al productor para comprarle toda su cosecha de pasas, pactando una venta de 77.000 kg por 70.000 dólares. El acuerdo incluía un anticipo de 10.000 dólares y el saldo se pagaría en cuotas. A pesar de retirar toda la mercadería, los Cañadas no completaron el pago, lo que motivó la denuncia de Martín ante el MPF.
En el proceso, se descubrió que los hermanos Cañadas también tenían deudas con otros proveedores del rubro, algunos de los cuales incluso los habían recomendado. Ante esta situación, Martín optó por presentar una denuncia penal por estafa. El 5 de junio de 2024, se formalizó la causa contra los tres hermanos Cañadas, y en esta última audiencia, se amplió la formalización para incluir a Bárbara Estefanía Balmaceda, presidenta de la empresa Morrigan S.A., que facilitó las operaciones comerciales con el denunciante.
El acuerdo de conciliación estipula que los denunciados se comprometen a pagar un total de 42.500 dólares a Martín. La primera cuota de 22.500 dólares deberá ser abonada de inmediato, mientras que la segunda, de 20.000 dólares, deberá ser cancelada el 15 de mayo de 2025. Como garantía del pago de la segunda cuota, se ha dispuesto el embargo de dos vehículos de los imputados: un Peugeot 408 y una Toyota Hilux.
Este acuerdo pone fin a la controversia, en la que las partes implicadas alcanzaron un entendimiento para saldar la deuda pendiente. El proceso judicial fue supervisado por el juez Gabriel Meglioli, quien aprobó los términos del acuerdo.
