Falsificó documentos y zafó de ir al penal
Un joven fue condenado pro falsificar documentos, pero no irá a prisión. ¿Cuál fue el acuerdo?
Un joven de 26 años identificado como Franco Nicolás Noriega enfrentó una investigación penal por el delito de falsificación de instrumento público tras presentar documentación adulterada para renovar el certificado de protección contra incendios de un bar llamado "Titi". Según la denuncia, realizada por Víctor Cabrera, jefe de la División de Siniestros, los datos del certificado de habitabilidad no coincidían con los registros oficiales, y las superficies declaradas estaban manipuladas.
En una audiencia celebrada el 3 de diciembre de 2024, el juez resolvió formalizar la Investigación Penal Preparatoria contra Noriega, quien fue considerado autor material del delito previsto en el artículo 239 del Código Penal. No obstante, las partes involucradas acordaron una suspensión de juicio a prueba, permitiendo una resolución alternativa al proceso judicial.
Plazo de suspensión: 1 año.
Trabajo comunitario: 30 horas en el Municipio de la Capital u otro lugar dispuesto por la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), a cumplirse en 5 meses.
Reparación económica: Pago de $100,000 en tres cuotas: dos de $30,000 (con vencimientos el 15 de diciembre y el 15 de enero) y una de $40,000 (el 15 de febrero). El beneficiario será un merendero designado por la OMA.
Domicilio fijo: Noriega deberá residir en Matías Zaballa 625 Norte, Dpto 4 D, Capital por un plazo de dos años, conforme al artículo 27 bis del Código Penal.
El acuerdo será supervisado por la Oficina de Medidas Alternativas, que controlará el cumplimiento de las condiciones establecidas. De no cumplirse con los términos, el beneficio podría ser revocado y la causa retomada en el ámbito penal.
Contexto del caso
El delito quedó al descubierto cuando la Dirección de Bomberos detectó que los documentos presentados por Noriega, incluido el certificado de habitabilidad, no habían sido emitidos por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, además de contener irregularidades en los datos de las superficies declaradas.
Con este acuerdo, se busca una reparación social y económica, evitando un proceso penal prolongado, mientras el acusado asume compromisos concretos que incluyen trabajos comunitarios y aportes económicos significativos.