La Justicia desestima la denuncia de Graffigna contra De Sanctis: ¿qué argumentó el fiscal?

La Justicia desestimó la denuncia presentada por el principal imputado en el megajuicio de las expropiaciones, Santiago Graffigna, contra el actual ministro de la Corte, Guillermo De Sanctis.

Graffigna había acusado a De Sanctis, cuando se desempeñaba al frente de la Fiscalía de Estado, de participar en un delito de falsificación de documentos, estafa procesal e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia fue derivada a la UFI de Delitos Especiales, que decidió archivarla, considerando que "las afirmaciones sobre hechos falsos, según el denunciante, contenidos en la demanda, no son punibles".

En su dictamen, el fiscal Sebastián Gómez García destacó que "una simple mentira no es suficiente para configurar el ardid o engaño que requiere el delito de estafa, en cualquiera de sus modalidades, según el artículo 172 del Código Penal". Además, señaló que el denunciante aportó documentos falsos, pero aclaró que no existe, según la normativa penal, "imitación, copia o simulación de un instrumento falso bajo la apariencia de uno verdadero". Según el fiscal, la demanda, aunque sus afirmaciones sean cuestionadas, es un documento auténtico, autónomo e independiente.

Contexto de la denuncia

La acusación sostiene que Guillermo De Sanctis, en su rol de Fiscal de Estado en el año 2016, habría manipulado un fallo judicial para utilizarlo como prueba en el marco de un juicio de nulidad relacionado con causas de expropiaciones en San Juan. Según los argumentos presentados, la intención de esta maniobra habría sido lograr que la provincia recuperara fondos previamente desembolsados. Entre las sentencias implicadas se encuentra la emblemática causa conocida como "Luna Ricardo Benito", dictada por el entonces juez del Cuarto Juzgado Civil, Roberto Pagés Lloveras.

Este fallo sentó precedentes clave en la jurisprudencia provincial al definir los criterios de tasación en casos de expropiación, exigiendo que el Estado pague el valor real y actualizado de los bienes al momento de la sentencia. Este precedente, utilizado como base en otros juicios, habría representado un obstáculo para las intenciones de De Sanctis, quien habría intentado anularlo a través de métodos cuestionables.