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Gran polémica

Denuncia penal contra el ministro de la Corte de Justicia, Guillermo De Sanctis

Santiago Graffigna acusa al ex Fiscal de Estado de falsificar documentos y cometer estafa procesal para anular fallos clave sobre expropiaciones. La denuncia, que incluye presentación en la Oficina Anticorrupción de la Nación

El denunciante, Santiago Graffigna

Santiago Graffigna, abogado imputado como jefe de una asociación ilícita dedicada a estafar al Estado con los juicios de expropiaciones ha presentado una denuncia penal contra Guillermo De Sanctis, actual ministro de la Corte de Justicia de la provincia, por presuntos delitos de falsificación de documento público, estafa procesal e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según lo denunciado, las acciones ilegales habrían sido cometidas por De Sanctis durante su gestión como Fiscal de Estado. La acusación también incluye una presentación ante la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia de la Nación, lo que amplía la dimensión de las acusaciones al plano nacional.

Contexto de la denuncia
La acusación sostiene que Guillermo De Sanctis, en su rol de Fiscal de Estado en el año 2016, habría manipulado un fallo judicial para utilizarlo como prueba en el marco de un juicio de nulidad relacionado con causas de expropiaciones en San Juan. Según los argumentos presentados, la intención de esta maniobra habría sido lograr que la provincia recuperara fondos previamente desembolsados. Entre las sentencias implicadas se encuentra la emblemática causa conocida como "Luna Ricardo Benito", dictada por el entonces juez del Cuarto Juzgado Civil, Roberto Pagés Lloveras.
Este fallo sentó precedentes clave en la jurisprudencia provincial al definir los criterios de tasación en casos de expropiación, exigiendo que el Estado pague el valor real y actualizado de los bienes al momento de la sentencia. Este precedente, utilizado como base en otros juicios, habría representado un obstáculo para las intenciones de De Sanctis, quien habría intentado anularlo a través de métodos cuestionables.

Acusaciones específicas
Graffigna, a través de su abogado Marcelo Fernández, argumenta que De Sanctis habría falsificado documentos para sustentar su estrategia legal. Según la denuncia, se habría copiado un auto de procesamiento real, perteneciente a una causa distinta, y se habrían alterado los datos para implicar directamente a Pagés Lloveras. Este documento adulterado habría sido presentado ante la Justicia para inducir a error a la magistrada y lograr la nulidad de sentencias previamente firmes.
El objetivo de esta acción, según Graffigna, era evitar que el Estado asumiera el pago de las indemnizaciones correspondientes a las expropiaciones, aprovechando argumentos legales manipulados. Esto no solo configuraría una estafa procesal, sino también un acto de falsedad ideológica, al involucrar la firma de otros funcionarios de la Fiscalía de Estado en un documento que carecía de sustento jurídico real.

Causa emblemática: el fallo Pagés Lloveras
El fallo del juez Roberto Pagés Lloveras en el caso "Luna Ricardo Benito" es considerado un punto de referencia en la jurisprudencia sanjuanina. Este fallo determinó que, para cumplir con los requisitos de la Constitución, las indemnizaciones por expropiación deben ser calculadas en base al valor real y actual del bien, pero considerando su estado al momento de la expropiación.
El Pagés Lloveras estableció un modelo que buscaba equilibrar los intereses del Estado y los derechos de los ciudadanos expropiados. Sin embargo, este enfoque chocó con la postura de la Fiscalía de Estado bajo la gestión de De Sanctis, quien habría intentado desacreditar el fallo al considerarlo un obstáculo para los intereses provinciales.

Repercusiones y denuncias en la Oficina Anticorrupción
La denuncia penal presentada ante la UFI Delitos Especiales no es el único recurso al que ha recurrido Santiago Graffigna. A través de su abogado, también ha presentado la acusación ante la Oficina Anticorrupción, buscando garantizar que la denuncia sea investigada con independencia y que no quede archivada.
"Lo que queremos es que este caso no se silencie. Existe suficiente evidencia documental y testimonial que demuestra que no hubo delito en las expropiaciones, pero sí una manipulación deliberada por parte de De Sanctis para construir un caso falso", aseguró Fernández.

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