La justicia tramitará la causa como un amparo colectivo
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal a cargo de Walter Lara Correa actuará en consecuencia y tramitará la causa como un amparo colectivo . Es por el desabastecimiento de insumos para comedores y merenderos comunitarios
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa dispuso que la causa iniciada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que conduce Juan Grabois contra el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello sea tramitada como un amparo colectivo. Ordenó que se compulse si existen procesos similares en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema.
Esta decisión judicial va en paralelo a la denuncia penal en la que la fiscal Paloma Ochoa intimó a Pettovello para que informe las condiciones en las que se suministran alimentos, que ya fue informada por Ámbito.
La UTEP promovió acción de amparo colectivo contra el Ministerio de Capital Humano con el objeto de garantizar el derecho a la alimentación adecuada y a la seguridad alimentaria y nutricional de todas las personas que asisten a comedores y merenderos comunitarios, proporcionando alimentos de calidad, adecuados y en cantidad suficiente en atención a la obligación de progresividad y no regresividad en la materia, según consta en la presentación. Solicitaban que Capital Humano cese en la interrupción del envío de mercadería que debe abastecerlos.
En el expediente se solicita, además, una medida cautelar para que la cartera que comanda Pettovello inmediatamente entregue la provisión necesaria para el sostenimiento de los comedores registrados. Los demandantes sostienen que el Estado incumple con su obligación de "garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de toda la población argentina, con especial atención a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad económica y social", en el contexto de los Planes Nacionales de Seguridad Alimentaria y Argentina contra el Hambre de conformidad con lo dispuesto por las Leyes N° 25.724 y 27.642.
Asimismo, denunciaron que existen partidas presupuestarias destinadas a solventar esas prestaciones, pero que el Ministerio de Capital Humano las sub ejecutó.
