Gobierno continúa con el ajuste y prevé no renovar el contrato de 15 mil estatales
Desde Casa Rosada precisaron los alcances del anuncio del Presidente al respecto de despidos en el Estado nacional.
El Gobierno argentino está en marcha con un ajuste significativo en su estructura laboral, anticipando que al menos 15 mil contratos de trabajadores estatales no serán renovados. Estos contratos, que fueron ampliados por tres meses en diciembre, están programados para vencer a fines de marzo. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio para reducir el tamaño del sector público en un 30%, una línea estratégica establecida en la Casa Rosada en diciembre pasado.
Si bien se han recibido las bajas de cada ministerio y organismos descentralizados, aún no se ha confirmado un número definitivo. Según fuentes gubernamentales, el número exacto se conocerá después de Semana Santa, con la liquidación de sueldos en abril. Se ha señalado que las decisiones sobre los contratos aún están en proceso y podrían variar según la disposición de cada titular.
La ampliación de contratos en diciembre pasado tuvo como objetivo principal realizar una auditoría interna para determinar la eficiencia y necesidad de cada puesto. En base a estos resultados, se está llevando a cabo el recorte actual. Esta medida está respaldada por el decreto 84/2023, que instruye a los titulares de las carteras a exceptuar de la baja únicamente a aquellos trabajadores cuya continuidad sea indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción.
Además, se ha solicitado a los ministros e interventores de los organismos descentralizados redactar informes que fundamenten la necesidad de continuar con la contratación de aquellos empleados cuyos contratos están en consideración.
En este proceso de ajuste, algunos sectores han experimentado reducciones significativas. Por ejemplo, en la Administración General de Puertos (AGP) se registraron 150 despidos y 50 retiros voluntarios de un total de 700 empleados el mes pasado.
Este ajuste no se limita solo a la reducción de contratados, sino que también incluye la reestructuración de algunas empresas públicas, como parte de un plan de "saneamiento". Estas empresas podrían quedar sujetas al proceso de privatización en caso de que se apruebe la Ley Ómnibus en el Congreso. Ejemplos de estas empresas son Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, YCRT e Intercargo.
Ante esta situación, los gremios que representan a los trabajadores estatales, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), han iniciado acciones para evitar los despidos masivos y están en jornada de lucha. ATE, por ejemplo, se movilizó al Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Av. Paseo Colón 982), cuyo cierre fue anunciado la semana pasada por el Gobierno.
