Asi planean combatir al crimen organizado en Argentina

El Gobierno anunció la semana pasada una serie de proyectos de ley destinados a fortalecer la seguridad interior y combatir el crimen organizado en Argentina. Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, y Luis Petri, Ministro de Defensa, presentaron los borradores de estas iniciativas en la Casa Rosada, destacando su importancia en la lucha contra las organizaciones criminales.

Una de las propuestas clave es la "Ley Antimafia",  diseñada para combatir diversas formas de delincuencia organizada, incluyendo el tráfico de drogas, homicidios, y pornografía infantil. Bullrich enfatizó que esta ley representará un cambio significativo en el enfoque hacia las organizaciones criminales, adoptando una estrategia más integral.

La acción de extinción de dominio es una de las herramientas incluidas en esta ley, que permitirá la confiscación de bienes de individuos implicados en actividades delictivas. Otra iniciativa busca introducir el concepto de "reiterancia" en el Código Procesal Penal, facilitando la imposición de prisión preventiva a aquellos con antecedentes delictivos.

Bullrich señaló que el objetivo de estas medidas es poner fin a la impunidad percibida por la comunidad argentina, especialmente en casos donde los delincuentes reinciden en actividades criminales. Además, el gobierno planea ampliar el registro de ADN para una identificación más precisa de los criminales, tanto imputados como condenados.

Otro proyecto en consideración es una "ley antipiquete" destinada a garantizar el orden público y la libre circulación. Esta ley apuntará a quienes organicen cortes de ruta o intimiden a funcionarios públicos, estableciendo penas más severas para tales conductas.

En relación con la legítima defensa, se propone reformular el concepto para que los agentes de seguridad no sean disuadidos de actuar rápidamente en situaciones de delito. Bullrich destacó la importancia de brindar protección a los agentes de seguridad que cumplen con su deber y de establecer penas más concretas para aquellos que los agredan.

Finalmente, una de las medidas más polémicas es la modificación del artículo 37 de la ley de Seguridad Interior, que permitiría la intervención de las fuerzas militares en la lucha contra el "narcoterrorismo". Petri explicó que esta medida autorizaría a las fuerzas militares a realizar operaciones de seguridad interior, incluyendo patrullajes y detenciones en flagrancia.