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Sábado 14 de Diciembre, 2024
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durante la pandemia

La Corte Suprema cierra definitivamente causa de la "fiesta de Olivos"

La Corte Suprema cierra la causa por la celebración del cumpleaños en la Quinta Presidencial de Olivos durante la pandemia, tras rechazar un último intento de apelación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha cerrado de manera definitiva la causa judicial que se originó a raíz de la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta Presidencial de Olivos, durante la etapa más estricta del aislamiento obligatorio debido a la pandemia de Covid-19.

El máximo tribunal ha rechazado de manera unánime el último intento de una ONG de apelar el "acuerdo de conciliación" al que llegaron todos los participantes de la celebración, incluido el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Esta fiesta tuvo lugar el 14 de julio de 2020 y se hizo pública a través de la filtración de fotos y videos del evento.

La Corte Suprema, al declarar "inadmisible" un recurso presentado por la Asociación Civil Republicana para la Justicia, ha confirmado que no habrá más objeciones judiciales al acuerdo de conciliación.

La ONG en cuestión había intentado ser considerada "particular ofendida" y había denunciado penalmente a Alberto Fernández por considerarlo responsable de delitos contra la salud pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario en el contexto de las restricciones impuestas durante el aislamiento y distanciamiento social obligatorio. Esta pretensión ya había sido rechazada en instancias previas, y la Corte Suprema ha mantenido el mismo criterio, lo que significa que el fallo exonerando de responsabilidad penal a los imputados se mantiene firme.

En el acuerdo de conciliación, Alberto Fernández y Fabiola Yáñez acordaron una "reparación integral del daño" causado por la celebración del cumpleaños. En octubre del año pasado, la Cámara Federal de Casación ya había determinado la "inadmisibilidad" de las objeciones presentadas por aquellos que buscaban cuestionar la reparación económica acordada en el caso. Este acuerdo implicó el desembolso de alrededor de tres millones de pesos destinados a entidades públicas relacionadas con la salud.

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