La masacre de Trelew, el hecho que dejó un legado de muerte en el país

En la madrugada del 22 de agosto de 1972, en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew, 19 militantes políticos fueron "fusilados" por efectivos de la Marina. Tres de ellos sobrevivieron y contaron todo lo que sucedió ese día. En 2012, los principales responsables fueron juzgados y condenados por el TOF (Tribunal Oral Federal) de Comodoro Rivadavia. El único que no se sentó en el banquillo de los acusados fue Roberto Bravo, el encargado de rematar a los prisioneros .

Todo comenzó el 15 de agosto de 1972, cuando un grupo de 25 presos, todos ellos miembros de las organizaciones armadas Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros, se fugaron del Penal de Rawson.

Seis de ellos, Mario Roberto Santucho, Marcos Osatinsky, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna, lograron tomar el control del aeropuerto de Trelew y secuestrar un avión de Austral, huyendo hacia Chile.

Los 19 restantes, que llegaron tarde al aeropuerto por fallas en el operativo de fuga, se rindieron y entregaron al capitán de navío Luis Emilio Sosa, segundo jefe del Batallón de Infantería de Marina de la base aeronaval Almirante Zar ubicada en Trelew, a 20 kilómetros de Rawson.

Los detenidos fueron trasladados a dicha base. Los marinos señalaron que el nuevo sitio de reclusión era transitorio, pues dentro del penal continuaba el motín y no estaban dadas las condiciones de seguridad.

Siete días después, los 19 detenidos fueron obligados a salir de sus celdas y formarse. Una vez formados fueron fusilados. Solamente sobrevivieron tres: María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar (luego del golpe de 1976 fueron secuestrados y continúan desaparecidos), quienes lograron contar lo sucedido. El gobierno dictatorial de Agustín Lanusse sostuvo que los detenidos fueron baleados al intentar fugarse.

En 2012, 40 años después, el TOF de Comodoro Rivadavia integrado por los jueces Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Monella condenó al capitán de Navío Luis Sosa, al momento de los hechos segundo jefe de la base, al capitán Emilio Del Real y al cabo Carlos Marandino, estos últimos responsables de efectuar los disparos, a prisión perpetua.

Dante Vega: "Fue planificada con el objetivo de impartir terror en la sociedad"

El fiscal general ante la Cámara Federal de Mendoza, Dante Vega, fue uno de los tres representantes del Ministerio Público en el debate realizado en 2012. Tuvo a su cargo fundamentar que la Masacre de Trelew fue un delito de Lesa Humanidad y por lo tanto imprescriptible, el punto más discutido del debate y del que dependía el juicio.

"La Masacre de Trelew no fue un hecho aislado, producto de decisiones circunstanciales o de algún descontrol ocasional. Por el contrario, se produce en un marco de pleno desarrollo de un plan general de ataque a un grupo de la población civil. A través de este hecho, el gobierno militar encabezado por Lanusse, manda un fuerte mensaje político a la sociedad, sirvió para aleccionarla. La masacre fue planificada con el objetivo de impartir el terror a la ciudadanía", explica el fiscal, quien trabajó en conjunto con sus colegas Horacio Arranz y Fernando Gelvez.

Vega sostuvo que la Masacre "fue un hecho gravísimo, que conmovió a toda la sociedad. A partir de ese momento, Argentina no tuvo paz. Entre 1970 y 1973 comienza el terrorismo de Estado en el país, terrorismo que prosigue durante el gobierno democrático, primero con las fuerzas parapoliciales, luego se agrega la Policía y a fines de 1975, cuando el golpe de Estado estaba definido, se suma el Ejército".

"Trelew dejó un legado de muerte en la Argentina. En ese hecho las Fuerzas Armadas, en el caso particular la Armada, demostró hasta donde eran capaces de llegar, algo que se reflejó luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976", analizó el fiscal.

El gran ausente en el juicio

El gran ausente en el juicio desarrollado en 2012 fue Roberto Guillermo Bravo, el marino que remató a los militantes, quien se mudó a Estados Unidos poco tiempo después de la masacre.

En 2008, la Justicia federal de Comodoro Rivadavia solicitó su extradición para que fuera posible tomarle declaración, pero Estados Unidos la rechazó. Actualmente existe otro pedido en curso.

"Luego del hecho, los principales responsables son destinados como agregados militares a países del exterior, para que no dieran explicaciones sobre el hecho", contó el fiscal Dante Vega.

Con relación a la situación de Bravo, el fiscal indicó que "sería un gran gesto político por parte de Estados Unidos que autorice la extradición, para que Bravo sea juzgado en la Argentina por los hechos que se le imputan".

En julio de 2022, Bravo fue condenado a pagar una indemnización de 27 millones de dólares a familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew por una Corte del distrito sur de Florida, en los Estados Unidos. La demanda civil fue presentada por los familiares de cuatro víctimas: Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps.