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OBRA PÚBLICA

Los empresarios esperan que se implemente la ley de Emergencia

Aseguran que a pesar del esfuerzo del gobierno provincial para adelantar el pago de certificaciones si no entra en vigencia pronto la situación continuará siendo igual de complicada para cumplir con los plazos de ejecución.

Desde el sector de las empresas constructoras aguardan por la pronta entrada en vigencia de la ley de Emergencia en la Obra Pública para evitar la ralentización de las que ya se están ejecutando y el riesgo de la pérdida de fuentes laborales.

El presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan, Enrique Velasco, aseguró que esperan que en los próximos días comience a implementarse la ley de Emergencia en la Obra Pública que se sancionó a fines del año pasado para solucionar el problema de demora en los pagos de las certificaciones por las obras públicas que se realizan en la provincia.


Velasco afirmó a Zonda Diario que la ley se está tratando de implementar y aunque ya se ha dictado el decreto reglamentario "faltan ajustar algunas cosas del sistema".


Explicó que la dilación en el tiempo se debe a que "se va a reconocer por parte del gobierno provincial una diferencia entre lo que realmente cuesta la obra y lo que se ha venido pagando a las empresas constructoras. Eso todavía no se ha concretado y esperamos que en los próximos días sea una realidad", expresó.


No obstante aclaró que para paliar un poco la situación económica de las empresas debido a la demora en el pago de las obras que se ejecutan, el gobierno adelantó los montos correspondientes.


"Normalmente los certificados del mes de noviembre por las fiestas y otros factores no se alcanzan a pagar en diciembre y se terminan pagando en enero. Esta vez se adelantaron y se pagaron  en diciembre, lo cual a las empresas nos dio un cierto respiro", confió.

"Lo que realmente estamos esperando es la recomposición de los precios porque los certificados se han cobrado a precios históricos". 


Sin embargo añadio: "de todas maneras lo que realmente estamos esperando es esta recomposición de los precios porque esos certificados se han cobrado a precios históricos", describió.


Justamente esa es la razón por la que el 10 de diciembre pasado, en la última sesión de la cámara de diputados provinciales, se aprobó la ley de Emergencia en la obra pública que impulsó el propio Ejecutivo.


Los empresarios habían expresado su preocupación por el riesgo que existia de ralentizar el ritmo de las obras y la posibilidad de pérdida de puestos de trabajo.


Velasco asegura que "eso no ha ocurrido esperamos que no pase y que esta diferencia en los precios se solucione este mes ya que hay una promesa del ministro y los directores de las distintas áreas de que en los próximos 15 días eso se va a producir", reveló.


Amplió que las empresas han seguido trabajando normalmente pero "todavía la preocupación no ha pasado porque lo que nos diferencia es que este reconocimiento del gobierno se concrete rápidamente y en la medida que eso no suceda la situación sigue siendo complicada", alertó.


Con respecto a la obra pública nacional, que padece las mismas consecuencias indicó que "han habido y todavía siguen habiendo retrasos en el cobro de las obras nacionales", aunque anticipó que "la provincia esta tratando de hacer un acuerdo con la Nación porque la metodología que se viene aplicando actualmente es que la Nación nos transfiere el dinero directamente a las empresas.


De esa manera el gobierno provincial no puede adelantar los fondos para los pagos de los certificados de las empresas y depués recuperarlos porque la plata no entra a la cuenta del gobierno".


Por eso, dijo Velasco, "estan tratando de hacer un convenio con la Nación para modificar esta metodología y que la plata, como ha sido siempre, ingrese a las arcas de la provincia y de esa manera amortiguar un poco las demoras del pago de la Nación. Esperamos que ese convenio también se concrete rápidamente", se esperanzó.


Finalmente confirmó que la semana pasada la Nación recién terminó de pagar lo correspondiente al mes de cotubre".

EL ESPÍRITU DE LA LEY QUE SE IMPLEMENTARÁ

El proyecto fue elevado por el Poder Ejecutivo aduciendo que las empresas de la construcción que están haciendo obra pública, tienen problemas económicos a raíz del impacto de la inflación. El argumento de las empresas fue que hay una distorción con los precios y la redeterminación de los mismos. Por esto, además,  se han enfrentado con los problemas de cumplir con la entrega de las obras en tiempo y forma  por las trabas a las importaciones, el faltante de algunos elementos y el aumento de los costos.
El objetivo de la ley "es la revisión de los contratos y para ello se establece una nueva línea de base que responda a las actuales condiciones que se están viviendo. Las compensaciones entre la linea nueva y la orginal va a permitir los planes de trabajo, readecuar los proyectos a condiciones más acotadas y ajustar las redeterminaciones", esgrimió el diputado Jorge Barifusa cuando se sancoionó la ley.
Agregó que la nueva línea de base "no tiene que superar el 20% en obras comunes y en algunos elementos especiales puede ser del 30%".
"La vigencia de esta ley no debe superar el año, y autoriza al Ejecutivo a hacer una reglamentación acorde a las necesidades económicas del país", expresó en la ocasión Barifusa.

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