El Gobierno alegó razones climáticas, pero la decisión se da en medio del vacío político de los mandatarios provinciales, que rechazaron la invitación de la Casa Rosada tras el conflicto por los fondos coparticipables.

Tras la sentencia por la estatización, la jueza Preska le adjudicó parte de las acciones al fondo Bainbridge, en un fallo separado por una deuda de u$s95 millones. La presión legal crece.