La problemática del endeudamiento de los hogares volvió a instalarse tras una jornada de protesta frente al Ministerio de Economía. En diálogo con Radio Mil20, Oriana Fernández, vocera de Endeudados Organizados, sostuvo que el colectivo estima que casi 6 millones de personas ya no pueden afrontar sus deudas y afirmó que la cantidad se quintuplicó en los últimos dos años. La referencia ubica el problema en un escenario de deterioro del ingreso real y de uso creciente del crédito para cubrir gastos corrientes.
Fernández explicó que Endeudados Organizados surgió como un colectivo independiente integrado por personas que atraviesan situaciones similares. Según relató, comenzaron a reunirse para compartir experiencias y acercarse a vecinos con dificultades para llegar a fin de mes. Ese origen, planteó, permitió ordenar un reclamo que atraviesa distintos sectores sociales y etarios, más allá de la situación particular de cada hogar.
La vocera también expuso su caso personal. Dijo que tiene un trabajo registrado en el sector privado y que se desempeña en el rubro textil, pero señaló que el costo de una mudanza, el alquiler y los gastos fijos complicaron su economía. Además, indicó que lleva más de seis meses sin un aumento salarial y que los incrementos recibidos quedaron por debajo de la inflación. Ese desfasaje entre ingresos y costos aparece, según su testimonio, como uno de los factores que empuja a las familias al endeudamiento.
Deudas para necesidades básicas
Uno de los planteos centrales del colectivo es que muchas personas ya no se endeudan para consumos extraordinarios, sino para cubrir necesidades básicas. Fernández contó que en las reuniones con vecinos aparecen casos de personas que no pueden pagar servicios, que no llegan a fin de mes o que tienen dificultades para comprar alimentos. También señaló que el problema alcanza tanto a trabajadores como a jubilados y se presenta en distintas edades. En materia de montos, dijo que hay deudas de alrededor de $2,5 millones y otras cercanas a los $30 millones.
La vocera detalló además que existen diferentes vías de financiamiento: préstamos bancarios, créditos de billeteras virtuales y préstamos otorgados por prestamistas informales. Sobre estos últimos, advirtió que se trata de una realidad con pocos registros estadísticos. En ese marco, el colectivo sostiene que el endeudamiento dejó de ser un recurso excepcional y pasó a funcionar como un mecanismo de cobertura de necesidades básicas, con consecuencias directas sobre el consumo y la actividad económica.
Reclamo por tasas y proyectos en el Congreso
Uno de los pedidos de Endeudados Organizados es que el Gobierno intervenga sobre las tasas de interés. Fernández afirmó en la entrevista que algunas billeteras virtuales llegan a cobrar tasas de hasta 1.300% y comparó ese porcentaje con una inflación interanual del 33%. A partir de esa brecha, reclamó límites para las tasas y medidas preventivas para evitar que más personas caigan en mora. También sostuvo que muchas familias pagan solo el mínimo de sus tarjetas o refinancian compromisos, pero vuelven a endeudarse porque los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos.
Consultada sobre la postura oficial, que plantea que el endeudamiento es un problema entre privados, Fernández expresó una posición contraria y dijo: “No creemos que es un problema entre privados”. Desde el colectivo consideran que el Estado debe intervenir y fijar un tope para las tasas de interés de las entidades financieras. Además, cuestionaron la desregulación del sistema y señalaron que las deudas de muchas familias llegaron a duplicarse o triplicarse. Fernández también mencionó que existen más de 30 proyectos en el Congreso vinculados con esta problemática.
Alcance federal
La vocera valoró una propuesta aplicada en la Ciudad de Buenos Aires, mediante la cual bancos acordaron otorgar créditos a tasas consideradas razonables para cancelar otras deudas y concentrar compromisos en un nuevo préstamo. Sin embargo, reclamó que una medida de ese tipo se extienda al resto del país. “Necesitamos que la solución no sea solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino que sea a lo largo y a lo ancho de todo el país”, sostuvo. El planteo queda ahora atado a la discusión legislativa y a la eventual respuesta del Poder Ejecutivo frente a un problema que, según el colectivo, ya tiene escala nacional.
