A 300 días de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, el reclamo volvió a ocupar la escena este miércoles en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), en el marco del paro que sostienen los gremios del sector. La protesta contó con la presencia de autoridades universitarias, docentes y no docentes, que insistieron en la necesidad de que la norma sea aplicada y en la gravedad de la situación salarial.
En ese contexto, la secretaria general de UDA San Juan, Karina Navarro, tomó la palabra y puso el foco en lo que definió como un incumplimiento por parte del Ejecutivo nacional. Su planteo no se limitó a una discusión gremial: apuntó a las consecuencias institucionales y políticas de desoír una ley vigente.
“Es el desentendimiento del Ejecutivo ante una orden judicial”, sostuvo Navarro, al trazar una comparación con sanciones cotidianas para remarcar la necesidad de hacer cumplir la norma. En su mirada, el problema excede la disputa salarial y expone una falla en los mecanismos de control sobre el poder político.
“¿Quién le pone una multa al Ejecutivo para que se cumpla la ley de financiamiento universitario que lleva 300 días? ¿Quiénes somos los responsables de no hacer cumplir la normativa?”, cuestionó la dirigente, al insistir en que el conflicto requiere una respuesta concreta de las autoridades competentes.
Navarro también destacó que los sindicatos y la comunidad universitaria ya realizaron distintas acciones para visibilizar el conflicto. Mencionó marchas y otras medidas desarrolladas en los últimos meses y subrayó que el reclamo no alcanza únicamente a los trabajadores universitarios, sino al conjunto del sistema público de educación superior.
La dirigente vinculó además la discusión presupuestaria con el funcionamiento de las universidades públicas y con la situación de los salarios. Según planteó, el impacto de la política nacional se extiende a docentes, estudiantes y a las áreas vinculadas con la ciencia y la tecnología, con efectos que pueden comprometer la continuidad y la calidad de las actividades académicas.
“La educación no tiene fronteras, la educación somos todos, los docentes y los alumnos”, afirmó, al defender el carácter estratégico de la universidad pública en la formación de profesionales y en el desarrollo del país.
En esa línea, sostuvo que la Ley de Financiamiento Universitario contempla no solo los ingresos del personal, sino también los recursos necesarios para el funcionamiento general y los servicios que brindan las casas de altos estudios. Para UDA, el incumplimiento de esa norma profundiza un escenario de deterioro que ya afecta a toda la comunidad educativa.
Navarro también cuestionó la pérdida de protagonismo de la educación pública y de la investigación científica. “Desfinanciaron la educación y la tecnología y, sobre todo, desfinanciaron el pensamiento crítico y reflexivo para hacer nuevamente un país productivo”, expresó, al advertir sobre el alcance de las decisiones oficiales.
La referente sindical sumó además una referencia a la situación económica de los trabajadores universitarios. Con una comparación gráfica, señaló que los salarios avanzan mucho más lentamente que otros costos de la economía cotidiana. “Nosotros vamos por la escalera y todo va por ascensor”, resumió.
Durante la conferencia, Navarro también dirigió un mensaje a las familias y al sector político. Consideró que el conflicto universitario tendrá efectos sobre las próximas generaciones y reclamó acompañamiento para sostener el funcionamiento de las universidades públicas.
“A los jóvenes, que son los futuros egresados, a los papás que comprendan el mensaje, porque son sus hijos los futuros gobernantes”, expresó. Y en el cierre, pidió una intervención más activa de la dirigencia política para que la ley se cumpla: “Hoy llamamos a la reflexión, a los padres, a la comunidad y sobre todo al sector político, que golpeen las puertas donde tengan que golpear para que se cumpla la ley”.
La pregunta con la que cerró sintetizó el eje del reclamo y dejó en evidencia la tensión entre el sistema universitario y el poder central: “¿Quién le hace cumplir la ley al Ejecutivo Nacional?”.
