El aporte inicial de 250 millones de dólares que la minera Vicuña destinará al plan de obra pública del Ejecutivo quedará bajo la órbita de un fideicomiso administrado por el Banco San Juan, agente financiero de la provincia desde su privatización en 1996. La entidad no solo recibirá y gestionará los recursos, sino que también tendrá a su cargo el pago de los certificados de avance de obra, una función por la que obtendrá una retribución de magnitud.
De acuerdo con la cláusula 6 del apartado 7, inciso IV del Acta Compromiso, los honorarios del banco no podrán superar el 0,45 por ciento más IVA del importe transferido mensualmente por Vicuña a la cuenta fiduciaria. Sobre la base de los 250 millones de dólares, esa alícuota representa una retribución de 1.125.000 dólares, o 1.710 millones de pesos según la cotización oficial de ayer. A ese cálculo se suman otros gastos de administración y comisiones de mercado, por lo que el costo final para el fideicomiso podría ser mayor.
El esquema financiero contempla que esos fondos estarán disponibles desde el 20 de diciembre y se irán desembolsando de manera progresiva, conforme se presenten los certificados de obra. Ese primer tramo cubrirá los cinco primeros años de producción de la mina de cobre de Iglesia. A partir del sexto año, el fideicomiso se nutrirá con un aporte equivalente al 1,5 por ciento del valor bruto de comercialización, es decir, de la facturación, lo que prolongará la operatoria financiera durante toda la vida útil del proyecto.
La posición del Banco San Juan dentro de la estructura provincial explica parte de su centralidad en esta operación. Como agente financiero, maneja la recaudación de tributos provinciales, la coparticipación federal y las cuentas de los tres poderes del Estado, además de administrar los haberes de los empleados públicos. En ese marco, ya actuó como fiduciario en proyectos mineros como Veladero, Casposo y Gualcamayo, antecedentes que ahora se replican en el caso de Vicuña.
El contrato también prevé que la empresa transfiera un fondo de reserva para gastos deducibles, equivalente a dos remuneraciones mensuales del fiduciario o 10 mil dólares, el monto que resulte mayor. Esa previsión asegura al banco el cobro de las erogaciones derivadas de su tarea de administración, mientras que el patrimonio del fideicomiso será el único respaldo para cumplir las obligaciones asumidas.
En paralelo, el convenio limita la responsabilidad de la entidad financiera: no responderá por pérdidas o reclamos derivados de sus acciones u omisiones, salvo que medie culpa o dolo calificados judicialmente. Además, se establece que el fiduciario no comprometerá su propio patrimonio para ejecutar el contrato, una cláusula que refuerza la cobertura legal del banco frente a eventuales contingencias.
La operatoria también impone restricciones a los pagos. El Banco San Juan no podrá cancelar obligaciones en efectivo ni mediante cheques al portador; solo lo hará por transferencia bancaria a cuentas previamente registradas y verificadas. A su vez, no tendrá obligación de controlar el procedimiento interno de las decisiones del Comité Ejecutivo del Fideicomiso, que será el órgano encargado de definir qué obras se ejecutan y cómo se distribuyen los desembolsos.
Una vez aprobado cada certificado de obra, Vicuña dispondrá de un plazo de 10 días para concretar el desembolso. Si no cumple en ese período, se aplicará un interés por mora equivalente a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina en pesos, más un 4 por ciento anual hasta el pago efectivo. En tanto haya fondos ociosos, la entidad financiera estará habilitada a realizar inversiones, aunque el convenio no precisa el perfil de riesgo ni el tipo de instrumentos permitidos.
En términos generales, la estructura acordada consolida al Banco San Juan como un actor clave en la administración de recursos vinculados a la minería y, al mismo tiempo, le garantiza ingresos significativos por una tarea de bajo riesgo patrimonial. La combinación entre su rol de agente financiero provincial y su experiencia previa en fideicomisos mineros vuelve a ubicar a la entidad en el centro de una operatoria con impacto económico y político para San Juan.
