El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionó este jueves las decisiones de algunas provincias que, según sostuvo, van “en contra de los rendimientos de escala” en la minería y dificultan que los beneficios de la actividad se distribuyan “equitativamente” entre distintas regiones del país.
Las declaraciones fueron formuladas en la apertura del foro “Vientos de cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, donde el funcionario defendió la política de reformas impulsada por el presidente Javier Milei y por su propia cartera. En ese marco, afirmó que el Gobierno mantendrá el rumbo desregulatorio pese a los recientes tropiezos legislativos vinculados con la inversión extranjera en la industria forestal y el riego.
Defensa de las reformas
“No nos vamos a cansar, porque tenemos un presidente que cree en esto, cree en la libertad y que hay que eliminar los kiosquitos”, dijo Sturzenegger. También sostuvo que “las reglas de juego son incólumes, no se cambian y eso es lo que quiero para la Argentina para los próximos doce meses y los próximos 40 años”. El ministro recordó además su participación en el seminario anterior de LyP en 2024 y señaló que en dos años cambió de manera significativa el debate público sobre estas reformas.
Críticas a las provincias
Sin identificar jurisdicciones concretas, el funcionario apuntó contra provincias que, después del impulso a la minería, aplicaron medidas para que los proveedores de la actividad sean locales. A su criterio, esas iniciativas afectan una actividad capital intensiva, es decir, que requiere fuertes inversiones para operar y crecer. “La Argentina se merece tener empresas que se desarrollen a escala, pero con estas medidas nunca vamos a poder desarrollarlas”, afirmó.
También cuestionó que esas decisiones impedirían que “los beneficios de la energía y la minería se distribuyan equitativamente a través del territorio nacional”. En ese punto mencionó a Córdoba y Santa Fe, provincias sin actividad minera destacable, como territorios donde existen empresas que podrían ser proveedoras de emprendimientos cordilleranos, pero que —según su planteo— quedarían fuera por esas exigencias locales.
Marco de la desregulación
Sturzenegger resumió el objetivo oficial en una frase: “¿Cuál es el plan de crecimiento del Gobierno? Defender el derecho de propiedad, fin”. Vinculó ese criterio con el equilibrio fiscal y con la desregulación, al sostener que cada regulación implica un “cercenamiento del derecho de propiedad”. En ese tramo afirmó que se eliminaron 17.000 regulaciones y destacó dos medidas: la eliminación del denominado “barril criollo”, que —según dijo— permitió el “boom energético”, y la ley de Glaciares, que “volvió a definir los derechos de propiedad para la explotación minera”.
El ministro también mencionó como asuntos pendientes la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cambios en el sistema de fiscalización de semillas, la defensa de la propiedad intelectual y la decisión de “no regular la Inteligencia Artificial de manera preventiva”. Según planteó, la Argentina debería aprovechar la “sobrerregulación” europea y la “inseguridad jurídica” en Estados Unidos para posicionarse en ese campo. El próximo tramo del debate oficial quedará atado a la continuidad de esas reformas y a la resistencia política que enfrenten en el Congreso y en las provincias.
