El Reino Unido publicó una guía oficial de apoyo a las empresas que operan en las Islas Malvinas, en la primera respuesta institucional británica al endurecimiento de las sanciones dispuestas por Javier Milei contra firmas vinculadas a la extracción de petróleo y a la actividad pesquera en el archipiélago. El documento, titulado “Doing business with the Falkland Islands”, fue presentado como orientación para compañías que desarrollen actividades comerciales, suministren bienes o servicios o participen del desarrollo económico local. La medida adquiere relevancia porque traslada la disputa al plano regulatorio, comercial y jurídico, con posibles efectos sobre empresas que operan entre el archipiélago y el territorio continental.
La guía sostiene que “el Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Falkland y celebra el interés y la participación continuos del sector privado”. También afirma que respalda “el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio”, al que define como parte de su derecho a la autodeterminación. En ese marco, el texto se dirige a compañías que tengan vínculos comerciales con las islas y deja asentada la posición británica sobre la explotación de recursos naturales, en particular los hidrocarburos.
Postura sobre soberanía
El documento también ratifica la posición histórica de Londres sobre la soberanía. Señala que las Islas Falkland son un Territorio Británico de Ultramar y que el Gobierno del Reino Unido “no tiene ninguna duda” sobre su soberanía y la de las áreas marítimas circundantes. Añade que no discutirá ese punto “a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”, y sostiene que las islas han sido administradas por el Reino Unido desde 1833, con la excepción de la interrupción de 1982. En la misma línea, el texto afirma que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre el archipiélago y que su legislación no se aplica allí.
Advertencia a empresas
La guía advierte que las compañías podrían recibir notificaciones judiciales desde Argentina, aunque relativiza ese alcance al sostener que el país no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las islas ni a aplicar su legislación interna en ese territorio o sobre empresas y particulares que desarrollen actividades comerciales vinculadas con ellas. Además, el Gobierno británico ofrece asesoramiento a las firmas que reciban amenazas legales, aunque aclara que no se trata de asesoramiento jurídico formal. También pone a disposición a la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) para intervenir ante terceros países si una compañía vinculada a las islas fuera presionada por sus negocios allí.
Medidas argentinas y avance judicial
Del lado argentino, el giro impulsado por Milei incluye trabas administrativas para operar en el territorio continental, entre ellas el veto a futuros contratos en Vaca Muerta. Según el material difundido, el mandatario había firmado un DNU y prometido enviar proyectos de ley al Congreso para reforzar las restricciones, aunque hasta este martes esas iniciativas no habían ingresado al Parlamento. En paralelo, la ofensiva también avanzó en la Justicia: este martes, el fiscal Carlos Stornelli imputó a varios directivos de las empresas sancionadas por el Gobierno argentino. El impacto inmediato de esa secuencia queda atado a la evolución de las presentaciones judiciales y a la eventual llegada de los proyectos al Congreso.
Tensión internacional
La disputa quedó además atravesada por las declaraciones de Donald Trump, que en las últimas semanas utilizó el tema Malvinas para presionar al gobierno laborista británico por su bajo aporte económico a la OTAN. En ese contexto, llegó a decir que podría revisar la posición de neutralidad de Washington en el conflicto. Consultado sobre la posibilidad de una nueva confrontación bilateral como la de 1982, Trump respondió: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”. El escenario queda abierto a nuevas definiciones diplomáticas y judiciales, mientras el Reino Unido ya dejó asentado su respaldo formal a las empresas que operan en las islas.
