Por Omar Andrada
La investigación judicial por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum dio un nuevo paso con la notificación de 11 personas por parte de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. Para el abogado y político Marcelo Arancibia, denunciante de la causa, la decisión representa un avance concreto de la pesquisa, aunque aclaró que todavía no significa que los involucrados hayan sido imputados ni que todos vayan a terminar formalmente acusados.
La causa, caratulada “Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública”, continúa en una etapa previa a la formalización de la Investigación Penal Preparatoria. La Fiscalía informó que las personas notificadas fueron puestas en conocimiento de la existencia de las actuaciones y de los derechos que les corresponden, entre ellos la posibilidad de designar un abogado particular o contar con un defensor público.
Entre los notificados se encuentra el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, además de otros exfuncionarios y personas vinculadas con la obra y con la empresa adjudicataria. La nómina también incluye a Julio Ortiz Andino, Cristian Andino, Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol, Juan Carlos Caparros, Gustavo Mastelono, Gustavo Monti, Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Caruso, según la información difundida sobre la actuación fiscal.
“No significa que a los once se los formalice”
Al analizar la decisión, Arancibia explicó que la notificación tiene relación con la necesidad de garantizar el derecho de defensa de quienes eventualmente podrían quedar alcanzados por determinadas medidas de investigación.
Según su interpretación, el Ministerio Público se encuentra preparando diligencias que podrían tener carácter irreproducible o cuya validez futura podría ser cuestionada si las personas eventualmente involucradas no tuvieron la posibilidad de ejercer sus derechos durante su realización.
El abogado puso como ejemplo las pericias que pudieran efectuarse sobre computadoras u otros dispositivos y sostuvo que, antes de avanzar con determinadas medidas, la Fiscalía debe garantizar que quienes eventualmente puedan ser alcanzados por una imputación tengan representación legal.
“Pongan abogados defensores porque se van a hacer determinadas pruebas”, explicó Arancibia al analizar el sentido de la comunicación.
Sin embargo, remarcó que la existencia de 11 notificaciones no significa necesariamente que habrá 11 imputaciones.
En ese sentido, señaló que puede ocurrir que algunos de los notificados finalmente no sean formalizados, mientras que también existe la posibilidad de que durante el avance de la investigación aparezcan otros nombres y nuevas personas sean incorporadas a la pesquisa.
La propia Fiscalía aclaró que la notificación no implica una declaración de responsabilidad penal y que las eventuales acusaciones deberán ser definidas en una instancia posterior.
Una investigación que viene acumulando pruebas
La decisión conocida esta semana se suma a una serie de medidas que la Justicia ya había realizado desde el inicio de la investigación.
La denuncia fue presentada por Arancibia en diciembre de 2025 para que se investigaran presuntas irregularidades relacionadas con la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum. La causa quedó radicada en la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y fue asignada a los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro.
Durante los primeros meses de 2026, la Fiscalía reunió una importante cantidad de documentación vinculada con el proceso licitatorio, contratos, pagos y aspectos técnicos de la obra. El volumen del expediente llevó incluso al refuerzo del equipo de investigación.
En marzo, además, se realizó una inspección ocular sobre distintos puntos vinculados con el trazado del acueducto. La recorrida incluyó sectores próximos al dique Punta Negra, Ruta 12, Villa Tacú y la planta potabilizadora de OSSE en Marquesado.
La investigación también incluyó el análisis de documentación y otras medidas de prueba, en un expediente que comenzó a avanzar sobre posibles responsabilidades relacionadas con la contratación, provisión de materiales y ejecución de la obra.
El vencimiento de los plazos, otro punto clave
Arancibia también puso el foco en los plazos procesales. Según explicó, la investigación se encuentra próxima a una instancia en la que los fiscales deberán definir cómo continúa el expediente.
El Ministerio Público ya había evaluado durante 2026 la necesidad de extender los plazos de investigación debido a la complejidad y al volumen de documentación reunida. En mayo, se informó que los fiscales analizaban una prórroga para profundizar las medidas de prueba.
Para Arancibia, el avance de las notificaciones demuestra que la causa continúa activa y que no quedó archivada.
“Significa que la causa no está cajoneada”, resumió el denunciante al analizar el nuevo movimiento judicial.
En su interpretación, el próximo paso adquiere especial relevancia porque los fiscales deberán definir si existen elementos suficientes para avanzar hacia una audiencia de formalización o si corresponde adoptar alguna de las otras decisiones previstas por el proceso.
Qué puede ocurrir ahora
La notificación abre una nueva instancia para las personas alcanzadas por la investigación. Cada una podrá designar un abogado particular y, si no lo hace, deberá contar con un defensor público para garantizar el derecho de defensa.
Arancibia explicó que esta representación adquiere especial importancia si la Fiscalía pretende realizar medidas de prueba que puedan comprometer derechos de quienes eventualmente sean formalizados.
Una vez cumplida esta etapa, el Ministerio Público deberá determinar el camino procesal de la causa.
Si considera que reunió elementos suficientes, podrá solicitar una audiencia de formalización ante un juez de Garantías. En esa instancia deberá exponer los hechos que atribuye, la evidencia con la que cuenta y la eventual participación que asigna individualmente a cada persona.
Si, por el contrario, entiende que no existen elementos suficientes, la investigación podría concluir por alguna de las vías previstas por el sistema procesal.
Por eso, Arancibia insistió en que la notificación de los 11 involucrados constituye un avance, pero todavía no representa el resultado final de la investigación.
La situación de los 11 notificados
La inclusión de exfuncionarios de distintas áreas y períodos de la administración provincial refleja el alcance de la pesquisa. Entre los notificados se encuentra Uñac, quien fue vicegobernador y luego gobernador de San Juan durante parte del período en que se desarrolló el proyecto y actualmente es senador nacional. También aparecen exresponsables de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), funcionarios vinculados con la ejecución del proyecto y representantes de la empresa adjudicataria.
La notificación, sin embargo, no establece responsabilidad individual para ninguno de ellos.
Será la Fiscalía la que deberá determinar qué hechos concretos podrían atribuirse a cada persona, qué evidencia respalda esas hipótesis y si corresponde avanzar con una formalización.
“Hasta que no se formalice, no hay sorpresa”
Arancibia adoptó una postura cautelosa frente al nuevo movimiento judicial. Consideró que se trata de una decisión relevante, pero sostuvo que todavía no puede hablarse de un resultado definitivo.
En términos gráficos, comparó el momento actual de la causa con un jugador que llega al área pero todavía no convierte el gol: para el abogado, el avance de la investigación es importante, pero el dato verdaderamente determinante será saber si los fiscales finalmente solicitan y concretan una audiencia de formalización.
También descartó interpretar las notificaciones como una señal automática de que todos los involucrados serán acusados.
“Hasta que no se formalice”, planteó, “no significa nada” en términos de responsabilidad penal.
El antecedente de las recusaciones
Durante la entrevista, Arancibia también recordó un episodio ocurrido durante una audiencia de prórroga realizada en junio.
Según relató, el abogado Nasser Uzair, quien había intervenido en representación de Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol —quienes se habían presentado espontáneamente para aportar documentación—, intentó acceder a elementos de prueba de la causa.
De acuerdo con el relato de Arancibia, la jueza Lucero le indicó que sus representados todavía no estaban imputados ni formalizados y que, por esa razón, no correspondía entregarles acceso a determinadas pruebas.
Posteriormente, según explicó el denunciante, Usair presentó una denuncia penal por presunto prevaricato y recusó a la magistrada y a los fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.
Ese antecedente forma parte del recorrido procesal de una investigación que, desde su inicio, ha generado movimientos tanto en el ámbito judicial como en el político.
Una causa que ahora entra en una etapa clave
La notificación a las 11 personas constituye, de acuerdo con la información oficial difundida, una actuación previa a una eventual formalización y no una imputación penal.
Para Arancibia, no obstante, el movimiento confirma que la investigación sigue activa y que la Fiscalía continúa tomando medidas sobre la base de la documentación y las pruebas reunidas durante los últimos meses.
El próximo capítulo estará marcado por la designación de los abogados defensores, la eventual realización de nuevas medidas de prueba y, fundamentalmente, la decisión que adopte el Ministerio Público sobre el futuro de la investigación.
La definición será especialmente relevante por el alcance político y económico de una obra que comenzó durante gestiones anteriores, que involucró financiamiento internacional y que actualmente continúa bajo investigación por presuntas irregularidades.
Por ahora, ninguno de los 11 notificados fue declarado responsable penalmente y tampoco existe una formalización contra ellos. La investigación deberá determinar si los elementos reunidos permiten avanzar hacia esa instancia y, en ese caso, cuáles serían las responsabilidades individuales que la Fiscalía atribuya a cada uno.
