La obra social de los jubilados enfrenta un agujero financiero de 1,2 billones de pesos, según fuentes con acceso a sus números internos, en un contexto de colapso de prestaciones y denuncias de vaciamiento del Pami. El faltante se explica, de acuerdo con esos datos, por la eliminación del Impuesto País a fines de 2024 y por la compensación parcial prometida por el Gobierno nacional. La situación impacta sobre la red de prestadores y abre un frente político por el peso electoral de los jubilados.
El origen del faltante Javier Milei eliminó a fines de 2024 el Impuesto País, tributo que destinaba la mayor parte de su recaudación al Pami. En ese momento, el Gobierno sostuvo que cubriría el hueco con asistencia financiera del Tesoro, pero eso no ocurrió en los términos previstos por el organismo. Según fuentes consultadas, de los 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado este año por esa vía, “Toto” Caputo compensará por presupuesto 1,6 billones. La diferencia explica buena parte de la tensión financiera que atraviesa la obra social.
Asistencia menor a la esperada El análisis de la ejecución presupuestaria realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso indica que hasta julio la asistencia financiera del Tesoro al Pami alcanzó 0,9 billones de pesos. Ese monto implicó una caída del 28,7% en términos reales frente a lo transferido en el mismo período de 2025. Solo en julio, la asistencia fue de 0,1 billones, con una reducción real del 16,8%. La menor disponibilidad de fondos presiona sobre aranceles, pagos a prestadores y continuidad de servicios.
Efecto sobre la red prestacional El desfinanciamiento ya se traduce en cierres y restricciones de atención, según el material relevado. Este lunes se conoció que el Sanatorio Concordia, en Entre Ríos, dejará de prestar servicios y afectará a 15 mil beneficiarios que se atendían allí. Situaciones similares, siempre según el texto original, se verifican en la Patagonia y en la provincia de Buenos Aires. Silvia D'Agostino, titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, afirmó que el Pami perdió “una fuente importante de financiamiento” con la eliminación del impuesto y que la reducción presupuestaria impidió actualizar aranceles.
Reclamos y costo político En el plano político, el ministro de Salud, Mario Lugones, aparece señalado por fuentes del sector como autoexcluido de las gestiones ante Javier Milei y Toto Caputo para destrabar la crisis. En el texto se le atribuye la frase: “Si se tiene que romper el sistema, que se rompa”, en referencia a la situación de los prestadores. En paralelo, el ala política del Gobierno advierte que el deterioro del Pami podría afectar el voto de jubilados en 2027, un electorado que históricamente acompañó al PRO y que respaldó a Milei en 2023.
Próximos pasos La crisis sigue abierta mientras persiste la brecha entre lo que dejó de aportar el Impuesto País y lo que efectivamente cubre el presupuesto nacional. En Neuquén, los diputados peronistas Darío Martínez y Darío Peralta presentaron un proyecto para que el gobierno nacional garantice la continuidad y calidad de las prestaciones del Pami en esa provincia, donde denunciaron una deuda de 1.500 millones de pesos con las clínicas. La evolución de esa iniciativa y la ejecución de nuevas transferencias del Tesoro serán variables a seguir para medir si la red prestacional logra sostenerse.
