Mientras continúa la discusión parlamentaria sobre la situación de las personas con discapacidad, y justo el día en el que arranca el debate de la prórroga de la emergencia en discapacidad, según el emplazamiento votado la semana pasada, legisladores de la oposición lanzaron duras críticas contra el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno nacional, al que acusan de intentar desmantelar aspectos centrales de esa norma.
Uno de los primeros en denunciar el contenido de la iniciativa fue el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien afirmó que “La Libertad Avanza no se detiene en su crueldad hacia las personas con discapacidad” y acusó al oficialismo de intentar “colar” modificaciones sustanciales en la normativa vigente aprovechando la discusión presupuestaria.
Según explicó Ferraro, el proyecto propone derogar artículos considerados fundamentales de la Ley 27.793. Entre ellos, el que define a la persona con discapacidad conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; el que garantiza a los beneficiarios de la pensión no contributiva la cobertura de salud y las prestaciones de la Ley 24.901; el que establece la conversión automática de pensiones preexistentes al nuevo régimen; y el que fija criterios uniformes para los aranceles de las prestaciones básicas.
El legislador cuestionó especialmente los cambios previstos para el sistema de prestaciones, al sostener que el Gobierno elimina el criterio de arancel único para obras sociales, prepagas y el Estado, reemplazándolo por un esquema en el que cada financiador podrá definir los valores que abonará. A su juicio, esto generará mayor incertidumbre para prestadores y beneficiarios y profundizará la crisis que atraviesa el sector.
En la misma línea se expresó el diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria), quien calificó de “grave” el contenido del Presupuesto 2027 y aseguró que la propuesta representa “un desmantelamiento” de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Marino sostuvo que el proyecto implica un retroceso al modelo de “invalidez laboral”, alejándose del enfoque de derechos humanos consagrado por la Convención Internacional. Según señaló, también elimina al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía legal directa para acceder a una pensión, dejando los requisitos de acceso sujetos a la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Otro de los puntos cuestionados por el diputado es la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal. De acuerdo con su interpretación, la iniciativa extinguiría el beneficio para quienes accedan a un trabajo registrado o se inscriban como monotributistas, eliminando mecanismos que actualmente facilitan la reinserción laboral de las personas con discapacidad.
Asimismo, Marino advirtió sobre cambios en el nomenclador de prestaciones básicas, entre ellos la eliminación de los aranceles unificados y el reemplazo de mecanismos automáticos de actualización por esquemas que dependerían de decisiones administrativas. También denunció que se deroga la garantía legal de cobertura de salud para los titulares de pensiones y que se elimina el traspaso automático de beneficios otorgados con anterioridad.
Para el legislador de Unión por la Patria, además, la incorporación de estas modificaciones dentro de la ley de Presupuesto sería jurídicamente cuestionable. En ese sentido, argumentó que la iniciativa podría contradecir disposiciones de la Ley de Administración Financiera y los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos establecidos por la Constitución Nacional.
Las críticas de Ferraro y Marino se suman a los reclamos que desde hace meses realizan organizaciones, prestadores y familiares de personas con discapacidad, quienes vienen advirtiendo sobre el deterioro del sistema de atención y reclamando una actualización de los recursos destinados al sector.
