El 6 de noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU cerrará en Ginebra, Suiza, su 146° período de sesiones, y dos días después el papa León XIV llegará a la Argentina. En ese marco, la defensa de Cristina Kirchner busca que el organismo avance con el tratamiento de la presentación vinculada a la condena por la causa Vialidad.
La pena de seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos quedaron firmes luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario de la defensa y confirmara por unanimidad la sentencia del Tribunal Oral Federal 2. Según el texto difundido por los abogados, el máximo tribunal “ni siquiera trató el caso, simplemente se excusó de opinar sobre el tema y dejó como válida la decisión de un tribunal inferior”.
La presentación ante la ONU
Los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego impulsan el planteo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Rafael Valim dijo a Reuters: “Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité”. Agregó que eso “darían condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité”, aunque también admitió que el organismo podría no tomar el caso en esta sesión.
El Comité está integrado por 18 expertos independientes y tiene a su cargo la supervisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron. En el kirchnerismo sostienen que un eventual pronunciamiento favorable podría abrir una discusión sobre la validez de la condena y de la inhabilitación, aunque también reconocen que su alcance sería objeto de debate por su carácter “no vinculante”.
Argumentos y efectos políticos
La adenda presentada ante el organismo incorpora denuncias de intimidación contra Cristina Kirchner, menciona declaraciones de jueces que intervinieron en la causa Vialidad, el avance sobre sus bienes y publicaciones del presidente Javier Milei. También suma una auditoría de Specs Consultoría, que sostiene que el Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez, no fue beneficiado por la obra pública y que la constructora IECSA, asociada a la familia Macri, recibió más asignaciones.
En paralelo, en el entorno de la expresidenta sostienen que la presentación apunta también a revisar las condiciones de la detención domiciliaria. Cuestionan el uso de tobillera electrónica y el límite de seis visitas semanales con autorización judicial. En ese espacio admiten, además, que una definición en Ginebra tendría peso simbólico por la cercanía temporal con la llegada de León XIV al país, aunque remarcan que no existe relación institucional entre ambos hechos.
Proyección política
La discusión también se cruza con la interna del peronismo. Máximo Kirchner dijo en una entrevista en streaming que Cristina Kirchner “tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas que entienden que ella puede ser nuevamente”, mientras que en sectores cercanos a la expresidenta afirman que la estrategia apunta a resolver la cuestión de fondo, ligada a la condena y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos. En ese tablero también aparece Axel Kicillof, gobernador bonaerense, en medio de diferencias con La Cámpora y de negociaciones que el kirchnerismo vincula con la discusión por candidaturas de 2027.
En el oficialismo partidario y en la propia defensa de la expresidenta señalan que, si el Comité de la ONU tomara el caso, luego quedaría por definir qué alcance tendría una eventual recomendación y si podría reabrirse la discusión en tribunales locales. La variable inmediata es la sesión de octubre del comité y, después, el cierre del período en Ginebra el 6 de noviembre.
