El vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Claudio Jacquelin, expuso este viernes ante una reunión informal de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados y afirmó que en 2025 “se batió el récord de agresiones al periodismo”. Según dijo, más del 60% de esos casos provienen del presidente Javier Milei y del Poder Ejecutivo Nacional. La intervención se produjo en un contexto de cuestionamientos a la cobertura periodística, al acceso a la información pública y a las condiciones de trabajo de los acreditados en Casa Rosada.
Monitoreo y antecedentes
Jacquelin señaló que FOPEA realiza desde hace 16 años un monitoreo sobre libertad de expresión y que el registro de 2024 superó las agresiones contabilizadas en 2013, que hasta ahora marcaban el máximo. También sostuvo que la situación actual es “sumamente grave” y que la libertad de expresión y de prensa atraviesa un estado de “fragilidad demasiado profunda”. En ese marco, lamentó la ausencia del bloque mayoritario en la comisión y habló de un intento de vaciamiento del espacio legislativo.
Agresiones y clima institucional
El dirigente explicó que las agresiones, según el monitoreo de FOPEA, se apoyan principalmente en la agresión verbal y luego se expanden a otros planos. Dijo además que son amplificadas por “un aparato de comunicación estatal y paraestatal” que, en su descripción, busca la cancelación, la deslegitimación y la deshumanización de quienes expresan posturas críticas. En ese punto pidió no minimizar las agresiones verbales, porque pueden derivar en hechos de mayor gravedad. También sostuvo que existe un proceso de estigmatización y clausura de voces que cuestionan o informan sobre temas que incomodan al poder.
Casos mencionados
Entre los antecedentes citados, recordó un intento inicial de “colegiación obligatoria”, que interpretó como una forma de definir quién podía ejercer el periodismo. También mencionó la modificación del acceso a la información pública mediante un DNU simple, al que atribuyó una limitación de ese derecho. A eso sumó el caso del fotógrafo Pablo Grillo, al que vinculó con una actuación agresiva de fuerzas de seguridad durante manifestaciones públicas, y el hackeo de las redes del periodista Hugo Alconada Mon tras la publicación de un proyecto de ley de inteligencia. Además, habló de la creación de perfiles falsos en sitios pornográficos y de causas iniciadas desde el Poder Ejecutivo Nacional contra periodistas, que describió como mecanismos para hacerlos perder tiempo, dinero y reputación.
Marco legal y reclamos
Jacquelin también se refirió al Estatuto del Periodista (ley 12.908), al que atribuyó protección sobre la cobertura periodística y las fuentes, y señaló que su derogación, que mencionó a comienzos de 2026, pone en riesgo el ejercicio profesional. En paralelo, mencionó que el ministro de Economía, Luis Caputo, pidió la creación de leyes para sancionar a periodistas que publiquen información sin sustento, luego de rechazar un supuesto vínculo con una firma privada y un empresario mencionado por el periodista Beto Valdez en la red social X. Según aclaró, el Código Civil y Penal ya prevén sanciones si hay vulneración de derechos.
Condiciones de trabajo y próximos pasos
El vicepresidente de FOPEA describió como anómala la situación de los acreditados en Casa Rosada, a quienes —según dijo— se les restringe el acceso a lugares comunes y hasta al baño, donde son acompañados por personal. También afirmó que trabajan en condiciones “deplorables” y que fueron objeto de robos y ataques a sus pertenencias. Al cierre, recordó que FOPEA llevó estos planteos el año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que —según indicó— determinó que en Argentina existe un problema con la libertad de expresión y de prensa. La variable que seguirá en adelante es la respuesta de los poderes públicos y del Congreso frente a esos reclamos.
