El Gobierno Nacional decidió incorporar las listas colectoras al proyecto de reforma electoral para asegurar apoyos a la suspensión de las PASO, que el oficialismo pretende tratar antes de fin de mes. La modificación apunta a ampliar el respaldo parlamentario en el Senado, donde todavía no tiene garantizado el número necesario para dictaminar la iniciativa. La discusión quedó centrada en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto.
La comisión fue convocada para este martes a las 15, por pedido de la Casa Rosada, y allí se debatirá un nuevo texto que habilita que un candidato presidencial lleve una lista de adhesión o colectora para legisladores nacionales. Según el borrador al que accedió la Agencia de Noticias Argentinas, la excepción regirá solo para esta elección. En la práctica, la Boleta Única Papel podría mostrar un candidato a presidente con dos listas legislativas de distinto signo político.
Negociación en el Senado El primer paso para la La Libertad Avanza será reunir quórum y conseguir diez firmas para emitir dictamen favorable. Hasta este lunes por la tarde, el oficialismo contaba con ocho respaldos: seis senadores propios y dos aliados de la UCR y Provincias Unidas. Entre quienes estaban dispuestos a firmar figuraban el radical Eduardo Vischi y la cordobesa Alejandra Vigo, aunque esta última reclamaba cambios en el texto.
El oficialismo también buscaba sumar al radical Rodolfo Suárez y al correntino Carlos Espínola, aliado del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. En cambio, el radical catamarqueño Flavio Fama aún no había definido su postura, al igual que la senadora de Convicción Federal Carolina Moisés, que esperaba coordinarla con los gobernadores del norte reunidos en Salta. Si el dictamen prospera, el Gobierno buscará luego alcanzar la mayoría de 37 votos en el recinto para sancionar la ley.
Ficha limpia y alcance electoral El borrador también incorporó Ficha Limpia, aunque con una versión distinta de la que impulsaban bloques aliados como la UCR, el PRO y Provincias Unidas. La propuesta oficial amplía la prohibición de candidaturas a personas condenadas por delitos dolosos, es decir, cometidos con intención, y no solo por delitos de corrupción. Además, establece que la inhabilitación regirá cuando la condena haya sido confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección.
En caso de que la confirmación de segunda instancia ocurra después del 1° de enero del año electoral, la restricción tendrá efecto recién al finalizar ese proceso. El texto también dispone que los votos obtenidos por las listas de cada agrupación de distrito se computarán por separado. En paralelo, el Gobierno mantiene conversaciones con gobernadores que ya expresaron respaldo a la suspensión o eliminación de las PASO, entre ellos Raúl Jalil, Rolando Figueroa, Martín Llaryora, Ignacio Torres y Gustavo Sáenz. La definición del dictamen en comisión y la eventual suma de apoyos en el recinto quedan como los pasos inmediatos del trámite parlamentario.




