El Gobierno descartó una nueva prórroga del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) más allá del 8 de julio de 2027, al considerar que se trata de una herramienta de excepción. La definición fue formulada por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, durante el “Encuentro de Impuestos” organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). La continuidad del esquema, tal como fue diseñado, resulta relevante para sectores como minería, infraestructura, tecnología, forestoindustria, turismo, siderurgia y petróleo y gas.
Marco legal y vigencia El RIGI fue creado por la ley de Bases 27.742 en junio de 2024 y comenzó a estar operativo el 8 de julio de ese año. Luego, en febrero de este año, su vigencia fue extendida hasta el mismo día de 2027 mediante el decreto 105/2026. Según explicó González, el régimen fue pensado como un puente para una “reconstrucción de confianza” en la Argentina y no como una política permanente. En ese marco, afirmó: “En un país normal no necesitás el RIGI”.
Proyectos en carpeta González señaló que el diseño inicial preveía entre 5 y 10 proyectos, pero indicó que ya hay 45 presentados, 25 aprobados y otros 10 que se sumarán. Con esa secuencia, estimó que el total superará los 60 proyectos. El funcionario presentó esa evolución como una señal de utilización del régimen por parte de grandes inversiones, especialmente en actividades vinculadas con recursos naturales y desarrollo de infraestructura. También sostuvo que se trata de una “historia de éxito” que el país necesitaba.
Alcance económico El secretario fundamentó la existencia de un régimen de excepción en que fue diseñado para “los megaproyectos”, para los cuales, según dijo, “las condiciones argentinas no estaban dadas”. En su exposición, vinculó el Súper RIGI con el objetivo oficial de cambiar la matriz productiva a través de los recursos naturales y de generar una industria nueva con proyectos que hoy no existen. La referencia apunta a inversiones de gran escala y de largo plazo, con impacto potencial sobre empleo, infraestructura y exportaciones, aunque el funcionario no detalló montos ni plazos de ejecución en esta presentación.
Sin nueva extensión Sobre una eventual continuidad después de julio de 2027, González sostuvo que sería necesaria una nueva ley y que eso sería “muy perjudicial” porque mantendría el carácter excepcional del esquema. Con esa definición, el Gobierno dejó planteado que el horizonte regulatorio actual termina en la fecha ya fijada por la prórroga vigente. A partir de entonces, cualquier modificación dependerá de una decisión legislativa nueva, en un contexto en el que el oficialismo busca consolidar inversiones bajo el marco actual antes del vencimiento.
