El Gobierno salió a responder las denuncias por supuestas irregularidades en la compra de alimentos para la Quinta de Olivos y sostuvo que no existió la sobrecompra atribuida en la presentación judicial. Según una auditoría sobre las contrataciones, a la que accedió Ámbito, el cuestionamiento surgió de confundir las cantidades máximas de las órdenes de compra abiertas con el consumo efectivamente requerido. La discusión quedó planteada en paralelo a la denuncia de la diputada Marcela Pagano, que tramita en el Juzgado Federal N°12.
Cómo explica Presidencia
La respuesta oficial distingue entre órdenes de compra abiertas y solicitudes de provisión. Las primeras fijan un techo posible para un período determinado, mientras que las segundas reflejan lo que efectivamente se pidió para el servicio. Desde Presidencia también indicaron que, antes de cada pedido, debe existir disponibilidad presupuestaria y registrarse el compromiso correspondiente. En ese marco, la Casa Rosada elaboró cuadros comparativos con contrataciones de años anteriores y con las cantidades realmente solicitadas.
Los números que difundió el Gobierno
En la información distribuida por Presidencia se incluyeron referencias a carnes, frutas, verduras y bebidas tanto de Casa Rosada como de la Quinta de Olivos. El Gobierno señaló que algunos de los períodos usados para comparar corresponden a los años de la pandemia o a su salida, cuando la presencialidad en las dependencias oficiales era menor. Según esos datos, en carnes para Casa Rosada la orden de 2021 contemplaba 28.817 kilos, en 2025 fueron 17.890 kilos y finalmente se solicitaron 17.700. Para Olivos, la comparación oficial marca 8.676 kilos en 2021 frente a una orden por 7.470 kilos en 2026, de los cuales se solicitaron 6.229.
Presencialidad y demanda de comensales
Presidencia también apeló a la diferencia en la cantidad de personas que usan los servicios de comida. Según los datos que maneja el área oficial, unas 2.000 personas trabajan en Casa Rosada y alrededor de 1.300 utilizan diariamente el servicio de comida. En la Quinta de Olivos, en tanto, se calculan unos 130 comensales con dos servicios diarios, es decir, unas 260 comidas. El Gobierno sostuvo además que durante parte de los períodos comparados predominaba el trabajo virtual, mientras que actualmente la administración funciona con presencialidad plena.
La interna en la residencia presidencial
La controversia por los alimentos se superpuso con una disputa interna en el oficialismo por el funcionamiento de la residencia presidencial, las filtraciones y las responsabilidades administrativas. En ese marco, María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General y colaboradora cercana de Karina Milei, renunció a su cargo. En despachos de Presidencia también se mencionó a Analía Agudiez, hermana de María Belén y esposa del entonces intendente de Olivos Oslvaldo Sosa, aunque esas versiones no fueron probadas. El Gobierno decidió reincorporar al personal civil inicialmente desplazado, pero mantuvo las salidas de Sosa, despedido, y de Agudiez, que presentó su renuncia.
La causa y lo que viene
La denuncia presentada por Pagano cuestionó las cantidades de alimentos contratadas para la residencia presidencial y planteó la hipótesis de un eventual desvío de mercadería hacia un emprendimiento privado vinculado con personas de la administración de Olivos. La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal N°12. Con la documentación oficial ya en circulación, la discusión quedó planteada entre dos lecturas sobre los mismos procesos de contratación: la de la denuncia y la de la explicación de Presidencia. La definición sobre si existieron o no las irregularidades denunciadas quedará en manos de la Justicia.
