El Gobierno nacional avanzó con una modificación de la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de dar mayor previsibilidad a los proyectos vinculados con la infraestructura ferroviaria y ampliar el universo de inversiones alcanzadas por el régimen. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 748/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.
La decisión introduce un cambio de criterio relevante: en materia ferroviaria, ya no se considerará únicamente como “construcción” la ejecución de infraestructura nueva, sino también la renovación, sustitución, transformación o desarrollo de infraestructura existente, además de las obras accesorias necesarias para el funcionamiento de la logística y del transporte ferroviario.
En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostiene que la red ferroviaria argentina fue construida mayoritariamente hace varias décadas y que hoy presenta deterioro y desgaste, lo que afecta su capacidad operativa. Bajo esa premisa, la reforma busca abrir el camino a inversiones orientadas a la modernización y recuperación del sistema.
El alcance de la modificación no es menor. El decreto precisa que podrán quedar comprendidas obras como nuevas trazas ferroviarias, duplicación o renovación de vías existentes, rehabilitación de ramales fuera de servicio, renovación integral de puentes y alcantarillas, modernización de sistemas de señalamiento, telecomunicaciones y energía, electrificación de líneas y construcción de nodos logísticos y otras instalaciones destinadas al transporte de cargas.
Al mismo tiempo, el texto excluye de manera expresa las tareas que se limiten exclusivamente a la conservación o al mantenimiento de la infraestructura preexistente. De ese modo, el Gobierno intenta delimitar con mayor precisión qué tipo de intervención puede acceder a los beneficios del régimen y evitar interpretaciones ambiguas.
Otro de los puntos centrales de la reforma es la definición de “ampliación de un proyecto preexistente no adherido al RIGI”. En el caso ferroviario, se considerará ampliación cuando las inversiones generen un aumento verificable de la capacidad de transporte de la infraestructura existente. Ese incremento deberá acreditarse mediante parámetros técnicos objetivos que permitan comparar la capacidad antes y después de las obras.
Según el Gobierno, esta adecuación reglamentaria aportará mayor seguridad jurídica a iniciativas de gran escala y facilitará el encuadre de proyectos destinados a mejorar la logística y el transporte en el país. En términos prácticos, la medida amplía el margen de acceso al régimen para intervenciones sobre una red que requiere actualización estructural.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo, y entró en vigencia este martes con su publicación en el Boletín Oficial.
