Los alumnos de la UNSJ y de los colegios preuniversitarios quedarán sin clases durante 72 horas la semana próxima, a raíz del paro confirmado por los gremios docentes en reclamo por el Financiamiento Universitario. La medida se extenderá los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, en un conflicto que combina reclamo salarial, disputa normativa y una causa judicial en trámite.
La decisión fue informada por SiDUNSJ y ADICUS, organizaciones que representan a la docencia universitaria en San Juan. Según indicaron, la resolución surgió de un plenario de secretarios generales de Conadu y Conadu Histórica, luego de que el Gobierno nacional rechazara cumplir una cautelar dictada a favor de las universidades. La cautelar es una orden judicial de cumplimiento provisorio mientras se sustancia el proceso principal.
Antecedente judicial
Días atrás, el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, intimó al Poder Ejecutivo a acatar esa cautelar en un plazo de cinco días. El Gobierno respondió que apelará la resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Esa decisión reactivó la protesta gremial y dejó abierto el frente judicial sobre la aplicación de la norma.
Impacto académico y conflicto en curso
Con la nueva medida de fuerza, los estudiantes de la UNSJ acumularán 40 jornadas sin clases en lo que va del año por los distintos paros docentes. Ese dato ya derivó en una demanda judicial presentada por un grupo de padres de alumnos preuniversitarios, según el antecedente mencionado en la propia información gremial. La protesta también se inscribe en la previa de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre en todo el país.
Condición para levantar el paro
Los gremios aclararon que la medida puede quedar sin efecto si el Gobierno de Javier Milei cumple antes del martes 29 de septiembre con la Ley de Financiamiento Universitario y con la recomposición salarial docente. Esa ley fue sancionada por el Congreso en 2025, vetada por el Presidente y luego insistida por el Parlamento con los dos tercios de los votos en ambas cámaras. El Senado completó ese trámite el 2 de octubre de ese año.
Después de la promulgación, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de la ley al sostener que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento. Esa decisión derivó en la demanda judicial que hoy sostiene la cautelar vigente y mantiene abierto el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades. El próximo punto de seguimiento será si la Casa Rosada cumple o apela en los plazos ya planteados por la Justicia y por los gremios.
