El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso, abrió objeciones de constitucionalistas, dirigentes opositores y organizaciones vinculadas al periodismo por su posible impacto sobre la libertad de expresión. La discusión excede el caso de Malvinas y se concentra en la incorporación de nuevas figuras penales asociadas a la “desinformación masiva” y a la influencia extranjera. Según el texto, algunas de esas conductas podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.
Las figuras cuestionadas
La principal controversia gira en torno al artículo 111, que propone incorporar el artículo 225 bis al Código Penal. La iniciativa prevé penas de entre cinco y 12 años para quien, por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, procure alterar procesos electorales o “manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. La escala se eleva a entre ocho y 15 años cuando la conducta se concrete mediante amenazas, sobornos, coerción o utilización de estructuras criminales.
Legalidad penal y precisión conceptual
Los especialistas consultados cuestionan la precisión de los términos usados en el proyecto. Entre los puntos en discusión figuran qué debe entenderse por “desinformación masiva”, cuándo una campaña puede considerarse coordinada y qué elementos permiten determinar que una persona buscó “manipular la opinión pública”. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que la redacción podría entrar en tensión con el principio de legalidad penal, que exige que los delitos estén definidos con precisión. “Es un tipo penal abierto, indeterminado, que va en contra de lo que es el principio de legalidad penal, que los tipos penales tienen que ser taxativos, cerrados”, afirmó.
Gil Domínguez también planteó que una figura de estas características, sumada a penas elevadas, podría generar un efecto intimidatorio sobre quienes pretendan expresarse, investigar o publicar determinada información. La comparación con otros delitos también aparece en el debate: la figura agravada del proyecto prevé una escala de 8 a 15 años, mientras que el homicidio simple tiene actualmente una pena de entre ocho y 25 años. Se trata de delitos de distinta naturaleza, aunque comparten el mismo mínimo en esa escala.
El requisito del vínculo extranjero
La iniciativa establece como condición para la figura de desinformación que la persona actúe por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero. Ese elemento acota el universo de conductas alcanzadas, pero no despeja las dudas sobre cómo se acreditaría una campaña coordinada ni cuál sería el límite entre una información falsa, una opinión, una investigación periodística controvertida y una conducta penalmente sancionable. El constitucionalista Félix Lonigro cuestionó la posibilidad de que una autoridad determine qué información puede ser considerada desinformación. “¿Entonces a quién se pretende castigar? A los que de pronto, con algún tipo de información o simplemente el que critica, dando datos que al Gobierno le parece que desinforman”, afirmó.
Seguridad Nacional y medidas urgentes
Las observaciones también alcanzan el capítulo referido a la Seguridad Nacional. El artículo 88 contempla como infracción determinadas conductas vinculadas con un Estado u organización extranjera que interfieran, mediante medios “clandestinos, engañosos o coercitivos”, en el proceso decisorio de las autoridades argentinas. A su vez, el artículo 97 habilita al Consejo de Seguridad Nacional a adoptar medidas urgentes frente a una amenaza, aunque el texto difundido queda interrumpido en ese punto. En ese marco, el debate legislativo seguirá centrado en el alcance de las definiciones penales y en cómo se compatibilizan con la libertad de expresión y el principio de legalidad.
