El conflicto político e institucional en el departamento de Calingasta ha escalado a la órbita judicial. Santos Zárate, presidente del Concejo Deliberante, radicó formalmente una denuncia penal contra el intendente Sebastián Carbajal ante la Unidad de Delitos Especiales. La acusación que pesa sobre el jefe comunal es la de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De acuerdo con las declaraciones del titular del legislativo, la decisión judicial es el resultado de la reiterada omisión por parte del Poder Ejecutivo en el envío de documentación contable y administrativa esencial. Específicamente, Zárate detalló que el intendente Carbajal no remite los balances ni los partes diarios de la gestión municipal. Asimismo, señaló que se han realizado numerosas solicitudes de informes por parte del Concejo Deliberante que jamás han recibido respuesta, bloqueando el acceso a datos clave sobre la administración de los recursos públicos.
El respaldo unánime del bloque de concejales
Un aspecto clave de este procedimiento es que no se trata de una iniciativa aislada de Zárate, sino de un mandato directo de la totalidad de los representantes del Concejo Deliberante. La denuncia fue habilitada y ordenada a través de la aprobación por unanimidad de una resolución legislativo en una sesión ordinaria del cuerpo. Recordemos que los ediles de Calingasta son Santos Zarate – presidente del Concejo Deliberante-, Sebastían Ramos, Patricia Castillo, Nora Olivares y Heber Tapia.
Este instrumento legal dio la orden y facultó formalmente al presidente de la institución legislativa para que acudiera a los tribunales a radicar la denuncia. Zárate asistió en persona y en solitario a realizar la presentación judicial, amparado en el mandato institucional y la representación conferida de manera colectiva por todos los ediles del departamento. La denuncia se radicó ante la UFI de Delitos Especiales.
Marco legal y prevención de responsabilidades
Al ser consultado sobre el sustento de la denuncia penal, Zárate hizo hincapié en que el Concejo Deliberante obró estrictamente bajo el amparo de la legislación vigente. Subrayó que la Ley Orgánica 430P es sumamente clara respecto al funcionamiento de los municipios y asigna al cuerpo legislativo el rol ineludible de contralor sobre el Poder Ejecutivo. Por ende, la fiscalización de las cuentas y balances es un deber legal para los concejales.
El titular del cuerpo legislativo enfatizó que los concejales buscan resguardar su propia responsabilidad política y administrativa, evitando ser cómplices de omisiones que puedan ser sancionadas en el futuro.
Por su parte, ante las versiones públicas en las que el intendente Carbajal afirma que es el Concejo Deliberante el que no cumple con sus respectivas funciones, Zárate fue tajante en señalar que será la justicia sanjuanina la encargada de evaluar las pruebas, dictaminar responsabilidades y establecer si se ha cometido efectivamente un delito de carácter penal.
Una historia que viene desde la asunción
La pelea del legislativo de Calingasta con la administración de Carbajal viene de larga data, pues casi desde el mismo momento de la asunción comenzaron a llegar los cuestionamientos. Sobre todo la falta de respuestas por parte de la administración de Carbajal ante los pedidos de los ediles. A esto se suma, la crisis en la administración misma del Ejecutivo Calingastino, que en menos de tres años de mandado le renunciaron o se fueron de su cargo 16 personas, lo que marca no solo la instabilidad política sino también la precariedad del proyecto que ostenta el actual intendente que en más de una ocasión planteo la idea de ir por la reelección.
